Organizaciones legales y proinmigrantes en Maine celebraron la decisión de la gobernadora Janet T. Mills de apoyar una ley estatal que impide a la policía cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), responsable de implementar la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump.
Mills también derogó una orden ejecutiva de 2011 que exigía a los funcionarios estatales colaborar con las autoridades federales de inmigración. La medida, conocida como LD 1971, fue aprobada por la legislatura el pasado año y entrará en vigor en 2026, al inicio de la próxima sesión legislativa.
El Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes (ILAP) y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) expresaron su satisfacción ante la determinación de la gobernadora demócrata, destacando que la ley brindará protección vital a las comunidades inmigrantes de Maine.
En una carta abierta publicada en un medio local, Mills explicó que evaluó las limitaciones que la ley podría imponer a las fuerzas del orden frente a “las acciones extraordinarias y horribles de una agencia federal utilizada por el Presidente para socavar los derechos de todos”. La gobernadora afirmó coincidir con el propósito de la medida de asegurar que la policía local haga cumplir las leyes estatales y no las normas federales de inmigración.
Mills subrayó además que con esta acción Maine “deja claro en lo que creemos”: que el Gobierno federal debe reformar un sistema migratorio fallido que mantiene a personas respetuosas de la ley en la clandestinidad, y que las agencias deberían concentrarse en delincuentes que representen verdaderas amenazas a la seguridad pública, en lugar de perseguir a estudiantes o familias.
El ILAP indicó que la aprobación del proyecto proporciona una defensa necesaria frente a la “amplia agenda de deportaciones masivas de la administración Trump”. La ACLU agregó que los recursos locales no deben usarse para dividir comunidades ni para respaldar prácticas federales que vulneren el debido proceso y los derechos constitucionales.
