La gobernadora Jenniffer González recomendó al Senado el ascenso de la fiscal Melitza Osorio Santiago al puesto de Fiscal Auxiliar II el 30 de octubre de 2025, el mismo día en que, según fuentes de El Nuevo Día, la funcionaria cerró una investigación contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por presuntas irregularidades en un contrato.
El documento de nominación, firmado por González y recibido ese mismo día en la Secretaría del Senado, coincidió con el archivo de la pesquisa sin referir el caso a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei). El informe remitido por el Departamento de Justicia al Senado confirmó que la investigación concluyó el 30 de octubre de 2025.
Posteriormente, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, presidida por Thomas Rivera Schatz, rindió informes positivos el 10 de noviembre para la confirmación de varias designaciones, entre ellas la de Osorio Santiago.
Consultado sobre la coincidencia, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, señaló que “eso no ocurre de un día para otro”, aludiendo a los trámites burocráticos que conlleva un ascenso.
La pesquisa contra Roig Fuertes se inició en 2022 tras un referido del Departamento de Salud, entonces dirigido por Carlos Mellado, por alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal relacionadas con la adjudicación de un contrato de $60,000 mensuales. Según el referido, Roig Fuertes habría favorecido la contratación de la empresa One Source Investigations, vinculada a un allegado suyo, sin seguir los procesos gubernamentales.
Justicia concluyó que, aunque hubo “un esfuerzo fallido” de los proveedores en atender al paciente, no encontró evidencia de delitos. En un correo de julio de 2021, el dueño del Hogar Hacienda Don Luis, Eliut Colón, reconocía la necesidad de los servicios de One Source Investigations.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, justificó que el caso no se refiriera a la Opfei al indicar que la posición que ocupaba Roig Fuertes no estaba entre las enumeradas en la Ley 2 de 1988. Añadió que, tras una “revisión exhaustiva” de los expedientes, no existía constancia de que Roig Fuertes hubiese sido notificada como persona de interés.
Gómez Torres también aclaró que no es práctica de la agencia notificar el inicio o el cierre de investigaciones de integridad pública salvo que la ley lo exija.
Mientras, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández, exigió la renuncia de Roig Fuertes y la refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental, alegando que cometió perjurio al negar conocimiento de la pesquisa durante su proceso de confirmación y que utilizó su cargo para promover contratos en beneficio de terceros.
