El gobierno de Perú autorizó el ingreso de decenas de militares estadounidenses que permanecerán en el país durante todo 2026 para participar en actividades de apoyo, asistencia y entrenamiento junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
La resolución, aprobada por el Congreso el 4 de diciembre y publicada el domingo en el diario oficial El Peruano, permite el ingreso de personal del Departamento de Defensa de Estados Unidos con armas de guerra. Según la norma, las operaciones se desarrollarán del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
Los efectivos estadounidenses se organizarán en grupos que rotarán cada tres a seis meses e incluirán miembros de las fuerzas especiales, del equipo SEAL de la Marina, de asuntos civiles y de apoyo de información militar.
Por el lado peruano, participarán el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (Cioec), la Fuerza Especial Conjunta (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra y el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea. También estarán implicadas la primera, tercera y sexta brigadas de Fuerzas Especiales del Ejército, además de unidades especializadas de la PNP, como la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), la Dirección Antidrogas (Dirandro) y el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).
La resolución lleva las firmas del presidente peruano, José Jerí, y del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Su publicación coincidió con el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sobre la notificación del Gobierno de Donald Trump al Congreso estadounidense de su intención de designar a Perú como “aliado principal no miembro de la OTAN”.
De Zela destacó que la medida representa “un gesto político” que reconoce a Perú como un socio confiable en seguridad y defensa, lo que podría fortalecer la cooperación militar con Estados Unidos.
El pasado miércoles, José Jerí encabezó una reunión en el Palacio de Gobierno de Lima con una delegación del FBI y otros expertos en seguridad de Estados Unidos. Según el Ejecutivo, fue la primera de varias reuniones consultivas entre representantes de los ministerios de Exteriores, Interior y Defensa, la PNP y los especialistas estadounidenses, en el marco del diseño de un nuevo plan nacional de seguridad ciudadana.
