Moshayra Vicente Cruz, viuda del biólogo Roberto Viqueira Ríos, asesinado el 15 de julio de 2025 durante una disputa vecinal en Yauco, acudió por derecho propio al Tribunal Supremo de Puerto Rico para intentar revocar la absolución del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez.
En una petición de certiorari de 21 páginas, presentada el 21 de mayo, Vicente Cruz solicitó al máximo foro judicial que anule la resolución del Tribunal de Apelaciones que había rechazado revisar el fallo emitido por el juez Ángel Llavona Folguera. Pidió además que se deje sin efecto la determinación del Tribunal de Apelaciones que la consideró sin legitimación activa y que aplicó la cláusula de doble exposición para impedir su intervención.
La viuda del fundador de la organización Protectores de Cuencas argumentó que su recurso plantea “cuestiones revisables de derecho relacionadas con la aplicación correcta de la doctrina de legítima defensa” y con los derechos reconocidos en la Ley de la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito. Solicitó que el caso sea devuelto al Tribunal de Apelaciones para que evalúe sus planteamientos conforme a derecho o, en su defecto, que se anule la absolución dictada a Meléndez Velázquez.
El nuevo recurso fue presentado luego de que el Departamento de Justicia decidiera no apelar la absolución. Tras esa decisión, Vicente Cruz acudió al Tribunal de Apelaciones y posteriormente al Supremo al no estar conforme con la resolución del foro intermedio. Según expuso, su planteamiento no trata solo de la doble exposición, sino de la interacción entre esa garantía constitucional, la naturaleza del certiorari y los derechos de las víctimas reconocidos por ley.
“Yo no fui una observadora incidental del proceso penal”, señaló en el documento, recordando que fue víctima directa de dos cargos: tentativa de asesinato en segundo grado y apuntar y disparar con un arma de fuego. Alegó que el foro apelativo no armonizó esa realidad con los derechos de las víctimas.
El caso se originó el 15 de julio de 2025, cuando un altercado entre Viqueira y su vecino en la urbanización Estancias de Yidomar culminó en un intercambio de disparos. Según evidencia presentada en corte, cámaras de seguridad captaron cuando el acusado entró a su casa, salió con un arma larga y se escucharon múltiples detonaciones. Viqueira murió a consecuencia de los disparos. La defensa alegó legítima defensa y el juez determinó en febrero que existía duda razonable, absolviendo a Meléndez Velázquez de asesinato en segundo grado y violaciones a la Ley de Armas.
“La controversia requiere la intervención del más alto foro judicial”, sostuvo Vicente Cruz, quien citó la decisión Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo para subrayar que los precedentes judiciales no deben aplicarse de manera automática sin un análisis crítico. A su juicio, el Tribunal de Apelaciones aplicó mecánicamente las doctrinas de legitimación y doble exposición sin evaluar la naturaleza extraordinaria del recurso.
Para concluir, la viuda subrayó que delimitar correctamente el alcance del certiorari es crucial para la uniformidad del derecho y el funcionamiento adecuado del sistema judicial.
