Una nueva política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que los extranjeros que buscan la residencia permanente deberán solicitar la llamada “green card” fuera del país. La abogada de inmigración Mariela García Amador considera que esta disposición representa “un ataque” a la inmigración legal y afectará a cientos de familias que podrían quedar separadas durante años.
“Ya no estamos hablando de atacar la inmigración ilegal; esto es un ataque a la inmigración legal. Se afectan los núcleos familiares. Estamos hablando de padres que no van a poder ver a sus hijos crecer por años. ¿Por qué forzar a que las personas tengan que pasar todo fuera de Estados Unidos?”, expresó la ex presidenta del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
El memorando, emitido el 22 de mayo, dispone que los solicitantes deberán completar el proceso “mediante el trámite consular del Departamento de Estado” desde el exterior, salvo en “circunstancias excepcionales”. Sin embargo, no se define qué se considera excepcional, dejando esa decisión en manos de los oficiales del USCIS.
García Amador recordó que la Sección 245(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad aún permite a quienes entraron legalmente a Estados Unidos —por visa o parole— ajustar su estatus sin salir del país, especialmente a familiares inmediatos como cónyuges, padres e hijos menores.
El ajuste de estatus, conocido como Formulario I-485, es el mecanismo para obtener la residencia permanente. Según cifras del USCIS, hasta septiembre de 2025 la oficina de San Juan tenía 1,464 solicitudes pendientes: 852 por petición familiar, 84 por permiso de trabajo, 523 por razones humanitarias y cinco por otros motivos. En ese mismo período, se aprobaron 440 residencias y se denegaron 25.
El portavoz del USCIS, Zach Kahler, defendió la medida al afirmar que solicitar la residencia desde el país de origen reduce el número de personas que permanecen ilegalmente tras serles negada. No obstante, García Amador advirtió que el memo no precisa cuándo entrará en vigor la política y que los tiempos de procesamiento fuera del país podrían extenderse hasta “35 meses laborales”, casi tres años.
“Los oficiales no tienen guías claras. El segundo problema es, ¿qué es excepcional? En ningún lado se define. Podrían ser razones médicas, económicas o laborales, pero cada caso se evaluará individualmente, lo que complica el trámite”, señaló. Añadió que muchos de sus clientes son parejas jóvenes, militares o profesionales, para quienes separarse durante años resulta imposible.
A esta política se suma el ‘travel ban’ impuesto desde enero a 75 países, incluyendo Colombia y Haití. Además, según la abogada, el USCIS está requiriendo más evidencia para comprobar la legitimidad de los matrimonios.
“Mi recomendación es que busquen asesoría legal para entender sus opciones o prepararse para solicitar un perdón migratorio”, exhortó García Amador, al insistir que la medida podría dejar a miles sin remedio legal y en riesgo de deportación.
