Washington D.C. – La decisión temporal de la jueza Ketanji Brown Jackson, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que frenó el pago total de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante noviembre, no alterará los planes del gobierno de Puerto Rico de cubrir los pagos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) este mes.
Según las autoridades locales, la medida no impacta los fondos de contingencia del SNAP que el gobierno de Donald Trump fue obligado a entregar por orden judicial, de los cuales Puerto Rico recibirá unos $145 millones. En Estados Unidos, esos fondos solo cubren entre dos y tres semanas de beneficios por el cierre parcial del gobierno federal.
La administración de Jenniffer González explicó que los pagos del PAN están garantizados gracias a un sobrante de alrededor de $83.5 millones del pasado año fiscal, que, junto con los $145 millones federales, aseguran el desembolso completo de noviembre.
“Ante los procesos judiciales que se están dando sobre si el Departamento de Agricultura federal debe financiar los beneficios del SNAP y PAN en su totalidad, queremos recalcarle a nuestra gente que esas decisiones no afectan el plan de desembolso en Puerto Rico”, afirmó la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, mostró preocupación de que la decisión provoque retrasos en el procesamiento de los fondos federales restantes del PAN, que asiste a 1.2 millones de personas en la isla y equivale a unos $2,900 millones anuales.
La jueza Jackson, una de las tres magistradas liberales del Supremo, detuvo temporalmente la orden del juez federal John J. McConnell, de Rhode Island, que requería al gobierno de Trump destinar fondos adicionales –más allá de los $5,500 millones de contingencia– para cubrir todo el mes de asistencia. McConnell había ordenado usar $23,000 millones del programa de comedores escolares y alimentación infantil para completar los pagos de noviembre.
El Departamento de Justicia federal apeló la decisión ante el Primer Circuito de Boston, que se comprometió a resolver el caso con rapidez. Mientras tanto, la jueza Jackson suspendió la orden hasta que el tribunal de apelaciones se pronuncie, pero su bloqueo expirará 48 horas después de la determinación final.
El problema surge por la falta de consenso en el Congreso para aprobar un presupuesto que reabra completamente el gobierno estadounidense. Desde el 1 de octubre, el cierre parcial ha detenido nuevos fondos para el PAN, afectado los salarios de 2.2 millones de empleados federales y creado trastornos en aeropuertos por escasez de personal.
Hernández Rivera destacó que logró incluir un lenguaje de protección para los fondos del PAN en un proyecto cameral, y denunció la “decisión deliberada del presidente Trump” de mantener el cierre como táctica política. “Con el hambre de los estadounidenses y los puertorriqueños no se puede politiquear”, sostuvo el también presidente del Partido Popular Democrático.
Mientras tanto, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos intentan aprobar nuevas resoluciones presupuestarias antes del 21 de noviembre, aunque las divisiones partidistas mantienen paralizado el proceso legislativo.
