El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, exigió este martes que se investiguen a fondo las denuncias sobre un presunto esquema de entrega de drogas a confinados en Puerto Rico a cambio de votos para la gobernadora Jenniffer González.
“Si el gobierno federal detuvo la investigación, creo que el Estado debe profundizarla. Nadie está por encima de la ley y, si hay pruebas, se debe investigar hasta las últimas consecuencias”, dijo el líder senatorial durante un aparte con la prensa mientras se discutía la reforma al sistema de permisos.
Las expresiones responden a un reportaje publicado por ProPublica que reveló que, tras la elección de Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos habría frenado una pesquisa sobre un posible esquema de compra de votos en las cárceles del país, a pesar de que investigadores alegadamente contaban con evidencia sólida contra reclusos y funcionarios correccionales.
En diciembre de 2024, la fiscalía federal presentó cargos contra 34 personas vinculadas a la organización criminal Grupo 31, conocida como “Los Tiburones”, acusados de distribuir drogas en casi todas las cárceles mediante el uso de drones. Según el récord judicial, el grupo habría coaccionado a reclusos para apoyar a ciertos candidatos, reteniéndoles drogas si no votaban por ellos.
Rivera Schatz reiteró que “se debe investigar cualquier alegación seria” y subrayó que desconocía los detalles específicos sobre las instrucciones de los fiscales para excluir los cargos de coerción electoral.
El jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, indicó al momento de los arrestos que el Grupo 31 se constituyó en 1998 con el supuesto propósito de comunicarse con el gobierno y mejorar las condiciones de los reclusos. Las acusaciones incluyeron delitos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego que, según la pesquisa, provocaron al menos cuatro muertes.
El exdirector de campaña de Jenniffer González y actual secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, rechazó el contenido del reportaje de ProPublica y lo calificó de “totalmente falso”. Afirmó que ni la gobernadora ni personas de su comité electoral fueron entrevistadas por las autoridades federales y negó cualquier vínculo con el Grupo 31.
Domenech sostuvo que la información responde a “intereses políticos que quieren dañar a la gobernadora” y recordó que en la primaria del Partido Nuevo Progresista, el entonces gobernador Pedro Pierluisi obtuvo el 80% del apoyo del electorado confinado.
