Nueva York – Una nueva ronda de fallos judiciales sobre el acceso a la píldora abortiva ha reabierto un tema político decisivo en Estados Unidos, justo antes de las elecciones de mitad de mandato que definirán el control del Congreso federal durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump.
El viernes, un tribunal federal de apelaciones restringió el envío por correo de la mifepristona, una de las píldoras abortivas más utilizadas en el país. Sin embargo, el lunes, el Tribunal Supremo restableció temporalmente su acceso mientras evalúa el caso, lo que podría generar consecuencias amplias para pacientes y proveedores.
Analistas advierten que aún es pronto para medir el impacto electoral de estos fallos, pero tanto defensores del derecho al aborto como sus opositores creen que podrían influir en los votantes. Grupos proaborto buscan capitalizar el descontento ante posibles nuevas restricciones, mientras que sectores provida critican al Partido Republicano por no avanzar lo suficiente en sus promesas.
Tras la anulación del caso Roe vs. Wade en 2022, varios estados han protegido el derecho al aborto en sus constituciones, lo que impulsó la participación y favoreció a candidatos demócratas. No obstante, la encuestadora Celinda Lake advirtió que parte de ese ímpetu se ha disipado, aunque las recientes sentencias podrían reactivar el tema entre los electores.
Mini Timmaraju, presidenta de Reproductive Freedom for All, adelantó que su grupo buscará sensibilizar a los votantes sobre la inestabilidad del acceso al aborto y abogará por una legislación federal que garantice su legalidad en todo el país.
En el otro extremo, los grupos antiabortistas presionan a la Administración Trump para que acelere la revisión de la seguridad de la mifepristona. El grupo SBA Pro-Life America llegó a pedir el despido del comisionado de la FDA, el Dr. Marty Makary, por no actuar con rapidez. “Esta es una crisis de cinco alarmas para el movimiento provida y para el GOP”, dijo su presidenta, Marjorie Dannenfelser.
Aunque Trump ha impulsado medidas aplaudidas por los provida, como restringir fondos a Planned Parenthood y apoyar investigaciones sobre seguros que cubren abortos, también ha evitado posicionarse con firmeza en el debate, alegando que el tema debe ser resuelto por los estados. Su postura genera tensión dentro de su propio partido y entre los votantes religiosos que fueron clave en su base electoral.
Según una encuesta de KFF, cerca de dos tercios de los estadounidenses se oponen a una prohibición nacional de la mifepristona. Otro sondeo de AP-NORC indica que la mayoría cree que el aborto debería ser legal en la mayoría de los casos. El tema, no obstante, sigue dividiendo al país y podría influir nuevamente en las urnas.
John Mize, de Americans United for Life, destacó que el movimiento provida avanza “de forma gradual” y que la discusión actual refleja el momento cultural del país. “Puede que no sea al ritmo que muchos quisieran, pero es un paso en la dirección correcta”, afirmó.
