Un tribunal ruso calificó el martes de organización extremista al grupo Coming Out, uno de los colectivos más conocidos en la defensa de los derechos de las personas LGBTQ+ en ese país. La decisión, anunciada por el Tribunal Municipal de San Petersburgo tras una audiencia a puerta cerrada, supone un nuevo golpe para una comunidad que enfrenta años de creciente persecución bajo la presidencia de Vladimir Putin.
Las autoridades no revelaron los detalles de la demanda interpuesta por el Ministerio de Justicia ruso, la cual fue declarada secreta. Pese a la prohibición, Coming Out —que actualmente opera desde el extranjero— afirmó que continuará su labor de apoyo a las personas LGBTQ+ dentro y fuera de Rusia.
“Llevamos mucho tiempo preparándonos para este acontecimiento. Hemos reforzado la seguridad, desarrollado formatos de trabajo sostenibles y seguimos actuando con responsabilidad, ante todo por quienes cuentan con nosotros”, indicó el grupo en un comunicado.
Coming Out es el primer colectivo declarado extremista desde la sentencia del Tribunal Supremo ruso de 2023, que prohibió de facto cualquier activismo LGBTQ+. Otras organizaciones similares también enfrentan procesos pendientes en San Petersburgo y en la región de Samara.
La comunidad LGBTQ+ rusa vive bajo presión legal y social desde hace más de una década. La situación se agravó tras la invasión a Ucrania, cuando el Kremlin impulsó leyes que prohíben cualquier representación positiva o incluso neutral de personas homosexuales o trans, además de impedir la atención médica de afirmación de género y el cambio de género legal.
En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo declaró extremista al llamado “movimiento internacional LGBT”, lo que expuso a sus miembros a ser procesados y encarcelados. En los días posteriores, se reportaron redadas en bares y clubes en varias ciudades, así como detenciones por mostrar símbolos como la bandera arcoíris.
“El gobierno quiere que la comunidad LGBTQ+ sea lo más vulnerable y solitaria posible”, denunció Denis Oleinik, director ejecutivo de Coming Out. Explicó que la organización, antes radicada en San Petersburgo, trasladó todas sus operaciones al extranjero tras la invasión a Ucrania. Actualmente ofrece apoyo psicológico y legal a distancia, además de cooperar con entidades internacionales para asistir a quienes buscan salir del país.
Oleinik advirtió que esta sentencia pone en riesgo a cualquiera que comparta contenido del grupo o realice donaciones, y desalienta tanto a activistas como a medios y organizaciones de derechos humanos a colaborar. “También puede haber repercusiones para los familiares de quienes hablan abiertamente”, afirmó.
