Washington — Un tribunal federal en Washington, D. C., rechazó este martes una petición de organizaciones proinmigrantes que buscaban impedir que el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) comparta datos fiscales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El fallo permite que continúe un acuerdo que podría facilitar la identificación y deportación de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington denegó una orden judicial preliminar solicitada por el Centro de Trabajadores Unidos y otras entidades sin fines de lucro. Las organizaciones demandaron al gobierno federal por el acuerdo de intercambio de datos firmado en abril por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Dicho acuerdo autoriza al ICE a enviar al IRS los nombres y direcciones de inmigrantes indocumentados para cotejarlos con los registros fiscales. Al negar la medida cautelar, el juez Harry T. Edwards señaló que los demandantes “tienen pocas probabilidades de éxito”, pues la información compartida no está protegida por el estatuto de privacidad del IRS.
El Centro de Trabajadores Unidos no respondió de inmediato a solicitudes de reacción.
La fiscal general Pam Bondi celebró el fallo en sus redes sociales, calificándolo como una “victoria crucial” para la administración. “Deportar a los extranjeros ilegales hace que el pueblo estadounidense esté más seguro”, escribió.
La administración Trump argumenta que el acuerdo forma parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump por reforzar la seguridad fronteriza y endurecer las políticas migratorias, que incluyen deportaciones y redadas en lugares de trabajo. La controversia en torno al acuerdo fue tal que el comisionado interino del IRS renunció el año pasado tras su aprobación.
Este mes se reveló en los tribunales que el IRS había compartido por error datos de miles de contribuyentes con el Departamento de Seguridad Nacional. Según una declaración de Dottie Romo, jefa de Riesgos y Control del IRS, la agencia solo pudo confirmar aproximadamente 47,000 de los 1.28 millones de nombres enviados por el ICE. En menos del 5% de los casos, el IRS proporcionó información adicional sobre direcciones, lo que podría haber infringido las normas de privacidad diseñadas para proteger la confidencialidad de los contribuyentes.
