El cierre del gobierno de Estados Unidos, que ya figura como el segundo más largo de la historia y sin una solución inmediata, se ha convertido en una herramienta para que el presidente Donald Trump refuerce su control político y castigue a los demócratas, según observadores en Washington.
El fenómeno de los cierres gubernamentales modernos se remonta a 1980, cuando el entonces secretario de Justicia, Benjamin Civiletti, bajo el mandato del presidente Jimmy Carter, dictaminó que la Ley Antideficiencia de 1870 prohibía a las agencias federales gastar dinero sin autorización del Congreso. Lo que comenzó como una interpretación legal se transformó, décadas después, en un poderoso instrumento político.
Trump ha aprovechado el actual cierre para intentar despedir a miles de empleados federales, reasignar fondos hacia sus prioridades y demostrar su autoridad en un momento de enfrentamiento con un Congreso dividido. “No puedo creer que los demócratas de la izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, escribió el presidente en sus redes sociales al inicio de la crisis.
Históricamente, los cierres del gobierno han sido consecuencia de choques entre el Congreso y la Casa Blanca. En los años noventa, los enfrentamientos entre Newt Gingrich y Bill Clinton resultaron políticamente desastrosos para los republicanos. Más tarde, durante el gobierno de Barack Obama, los conservadores del Tea Party repitieron la táctica. Sin embargo, ningún cierre había sido tan utilizado como arma de poder personal como el actual.
Analistas como Charles Tiefer, exasesor de la Cámara de Representantes, señalan que Trump ha roto las normas tradicionales al ejercer “un poder presidencial desenfrenado, contrario a la Constitución y a la Ley Antideficiencia”. La administración ha permitido que agencias federales difundan mensajes responsabilizando a los demócratas del cierre, y ha dirigido fondos militares para cubrir pagos que normalmente dependerían del presupuesto aprobado por el Congreso.
Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump se refirió a su director de presupuesto, Russ Vought, como “Darth Vader”, alardeando de recortar lo que describió como “prioridades demócratas que no volverán”.
Los demócratas han respondido bloqueando repetidamente las iniciativas republicanas para reabrir el gobierno. El senador Tim Kaine, de Virginia, sostuvo que su estado, con decenas de miles de empleados federales, ha sido especialmente golpeado, pero que la población “ya está harta de un desfile de castigos sin fin” por parte del presidente.
La prolongación del cierre ha comenzado a pasar factura. Muchos empleados federales llevan semanas sin cobrar, y programas esenciales como el de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que depende uno de cada ocho estadounidenses, podrían quedarse sin fondos en noviembre. La falta de controladores aéreos también amenaza con afectar severamente los viajes.
El senador independiente Angus King, de Maine, advirtió que el cierre “da poder al presidente más allá de lo que podría lograr de otra manera y perjudica al país”. Mientras el estancamiento se prolonga, crecen las presiones sobre ambos partidos para encontrar una salida antes de que el costo político y económico sea aún mayor.
