El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, manifestó que el Departamento de Justicia debió reabrir la investigación archivada en octubre pasado contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para eliminar cualquier duda sobre el proceso. El caso se relacionaba con la otorgación de un contrato mientras Roig Fuertes laboraba en destaque en el Departamento de Salud.
“Para el beneficio de todo el mundo —los que denuncian y los denunciados— lo ideal hubiese sido que se reabriera y tuviera otra capa de verificación o de examen. Si, en efecto, no hay nada, los denunciados sienten alivio y el pueblo la tranquilidad de que se repasó”, expresó Rivera Schatz, quien aclaró que no es el secretario de Justicia.
La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado había solicitado a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, reabrir la investigación. Sin embargo, Gómez rechazó la petición alegando que la decisión de cierre se tomó conforme a derecho y basada en la evidencia disponible. Justicia confirmó además que no se entrevistó a nadie y que la conclusión se basó exclusivamente en la documentación suministrada por el Departamento de Salud.
El 25 de octubre de 2025, Justicia concluyó que el contrato de $60,000 mensuales otorgado por Roig Fuertes no fue arbitrario y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente atendido. Determinó también que no había evidencia de que se impusiera la contratación de la empresa One Source Investigations como condición para adjudicar el contrato al Hogar Hacienda Don Luis.
Las expresiones de Rivera Schatz surgieron mientras se discutía una orden administrativa emitida por Lourdes Gómez en septiembre de 2025, que ordena a los fiscales de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor someter un informe cuando se cumplan dos años de una investigación sin una determinación final.
Según la directriz, en esos casos no se llevará a cabo gestión investigativa adicional hasta que la secretaria de Justicia disponga otra cosa o emita una determinación final. Rivera Schatz opinó que la orden solo establece la estructura de los informes, pero no exime a Justicia de realizar investigaciones serias y profundas.
Al preguntársele si la norma podría usarse para cerrar casos sensitivos, respondió: “Tienes que preguntárselo al Departamento de Justicia. La investigación tiene que estar correctamente realizada con entrevistas, evidencia y declaraciones juradas. Sea breve o demore, su conclusión debe ser satisfactoria para el pueblo puertorriqueño”.
Aún está pendiente una solicitud del portavoz del PPD, Luis Javier Hernández, para que Justicia informe qué casos se han archivado bajo esa normativa. “Hemos estado pidiendo información sobre diversos temas y damos espacio para que todo lo que se quiera verificar se examine”, añadió el líder senatorial.
