Washington — El gobierno del presidente Donald Trump anunció que los extranjeros en Estados Unidos que deseen obtener la residencia permanente deberán salir del país y presentar su solicitud en su lugar de origen. El inesperado cambio, que rompe con una práctica vigente por más de medio siglo, generó confusión entre inmigrantes, abogados y organizaciones humanitarias.
Hasta ahora, los extranjeros con estatus legal —entre ellos cónyuges de ciudadanos estadounidenses, titulares de visados de trabajo o estudio, refugiados y solicitantes de asilo— podían tramitar la llamada “tarjeta verde” sin salir del país. Pero, según el nuevo comunicado del Servicio de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), solo se permitirá hacerlo desde EE.UU. en “circunstancias extraordinarias” que serán evaluadas caso a caso.
“Los no inmigrantes, como estudiantes o trabajadores temporales, vienen a Estados Unidos por un propósito específico y deben marcharse al finalizar su visita. Su permanencia no debe convertirse en el primer paso hacia la residencia”, expresó la agencia en un comunicado.
Doug Rand, ex asesor principal de USCIS en la administración Biden, señaló que la medida busca reducir el número de residencias permanentes otorgadas, ya que cada año unas 600,000 personas en el país presentan esa solicitud. Añadió que la política busca limitar el camino hacia la ciudadanía para miles de inmigrantes.
El USCIS no indicó cuándo entrará en vigor el cambio ni si afectará las solicitudes ya presentadas. La agencia sí aclaró que quienes aporten un “beneficio económico” o respondan a un “interés nacional” podrían permanecer en Estados Unidos durante el proceso.
Organizaciones como World Relief advirtieron que la medida podría provocar separaciones familiares prolongadas, especialmente si los consulados de algunos países permanecen cerrados o con largas demoras. “Si las familias deben enviar al solicitante de regreso, pero los visados no se están tramitando allí, es un círculo vicioso”, denunció la entidad.
Los abogados de inmigración también criticaron la medida, al considerar que desmantela décadas de política estable y afecta incluso a matrimonios mixtos, solicitantes humanitarios, trabajadores especializados, religiosos y estudiantes. En algunos consulados, obtener cita puede demorar más de un año.
El USCIS defendió su decisión como un retorno a “la intención original de la ley” y el cierre de una “laguna”, mientras las organizaciones de apoyo aseguran que la medida pone en riesgo a personas que no pueden volver a su país por razones de seguridad, como ocurre con los ciudadanos de Afganistán, donde la embajada estadounidense cerró en 2021.
El anuncio se suma a otras acciones del gobierno de Trump para restringir la inmigración legal y limitar la entrada de personas de decenas de países. Expertos advierten que esta política podría dejar a muchas familias separadas y a miles de inmigrantes en un limbo legal.
