El megaproyecto Esencia, ubicado en Cabo Rojo, ha desatado una ola de reclamos para que se realicen vistas públicas que evalúen su impacto ambiental. Este desarrollo, considerado un "proyecto estratégico", contempla la construcción de 1,132 residencias turísticas, 530 unidades de hotel, dos campos de golf y una escuela con 500 dormitorios, entre otras facilidades. La controversia se intensificó después de que se colocaran rótulos en el terreno el 16 de julio, lo que generó preocupación entre las comunidades locales y grupos ambientalistas que argumentan que esta construcción podría afectar gravemente el ecosistema de la zona y las tierras catalogadas como "Suelo Rústico Especialmente Protegido".

GFR Media / El Nuevo Dia © Jorge A Ramirez Portela

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Vistas públicas y preocupaciones ambientales

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La Coalición Defiende, un grupo que se opone al megaproyecto, ha solicitado que el proceso de vistas públicas se reevalúe, dado que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) más reciente, presentada en marzo de este año, incluye 10 nuevos estudios que no han sido discutidos públicamente. Héctor Quintero Vilella, portavoz de la coalición, subrayó que “el derecho de cada persona a expresar sus ideas y a disentir cuando lo entienda necesario” debe ser garantizado en este proceso. Vilella también destacó que casi el 40% de las 2,000 cuerdas de terreno que impactaría el proyecto están en la categoría de Suelo Rústico Especialmente Protegido, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad del desarrollo.

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Suministrada por Rafy Rodriguez
Reacciones y próximos pasos

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La controversia por el megaproyecto Esencia también ha atraído la atención de autoridades locales, incluyendo a la Asamblea Municipal de Cabo Rojo, que se ha manifestado en contra de la falta de transparencia en el proceso. En este contexto, se recuerda que la fase de vistas públicas requerida para este proceso fue completada en marzo de 2025, lo que ha generado críticas sobre la manera en que se están llevando a cabo las evaluaciones. La gobernadora Jenniffer González ha sido mencionada en este debate por la firma de la Ley 82 de 2026, que podría facilitar el avance del proyecto sin el debido escrutinio público.

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La comunidad y diversos grupos están demandando más información y la posibilidad de participar en el proceso de consulta. Según Vilella, es fundamental “mantener canales abiertos para escuchar, aclarar dudas y compartir información real y verificada”, lo que es vital para el desarrollo sostenible de Cabo Rojo. La situación sigue en evolución mientras las autoridades y los ciudadanos intentan encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
Fuentes: newspr.com, sanjuandailystar.com, Metro Puerto Rico
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