Un tribunal federal de apelaciones determinó que el gobierno del presidente Donald Trump no puede encarcelar a inmigrantes sin ofrecerles la posibilidad de fianza, argumentando que esa práctica plantea “serias cuestiones constitucionales”. La decisión, emitida de forma unánime por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que otros circuitos han respaldado la política del mandatario.
“Nos sumamos a la mayoría de jueces federales que han concluido que la novedosa interpretación de la ley de inmigración del gobierno contradice su texto”, escribió el juez Joseph F. Bianco, acompañado por Alison J. Nathan y Jose A. Cabranes.
La medida anunciada en julio por el Departamento de Seguridad Nacional negaba audiencias de fianza incluso a inmigrantes con años de residencia en Estados Unidos y sin antecedentes penales, algo que rompía con la práctica de gobiernos anteriores. Según el fallo, el cambio pretendía extender la detención obligatoria a millones de no ciudadanos, lo que los jueces consideraron incompatible con la Constitución y la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El caso revisado por el tribunal involucra a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño residente en Massachusetts junto a su esposa e hijos estadounidenses. Barbosa, sin antecedentes criminales, fue detenido en 2025 y presentó una petición de hábeas corpus al considerar su arresto injustificado.
El panel subrayó que mantener detenidos por largos periodos a inmigrantes como Barbosa da Cunha sin opciones de fianza carece de una base razonable y legítima. Más de 370 jueces federales han coincidido en rechazar el enfoque impulsado por la administración Trump.
Amy Belsher, directora de Litigio por los Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, celebró la decisión. “La política de Trump de detener a inmigrantes sin proceso alguno es ilegal y contraria a la dignidad humana básica”, expresó.
No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la legalidad de su política al señalar que la Junta de Apelaciones de Inmigración la había respaldado y que Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, “aplican la ley tal como fue escrita para mantener a Estados Unidos seguro”. La agencia añadió que confía en que tribunales superiores ratificarán su postura.
