La jueza administrativa del Tribunal de Arecibo, Heidi D. Keiss Rivera, ordenó a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) cambiar inmediatamente el grillete electrónico del tobillo a la muñeca de Pedro González de León, un hombre de 91 años acusado bajo la Ley 54 por supuestamente amenazar a su expareja de 79 años.
Durante la vista, que se celebró de manera virtual debido a su delicado estado de salud, González de León apareció cabizbajo y en silla de ruedas, acompañado por una cuidadora del hogar donde reside. Su defensa, representada por el abogado Pedro Tomás Berríos, había solicitado la semana anterior al juez Vidal Vélez Díaz que se removiera el grillete tras un percance médico en la pierna del acusado.
“Se emite una orden para que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), a través de la OSAJ, haga el cambio adecuado de la correa del tobillo a la muñeca o donde menos nocivo sea”, indicó la jueza Keiss Rivera. Berríos expresó satisfacción con la determinación, señalando que la política de imponer supervisión electrónica de manera obligatoria en casos de violencia doméstica limita la discreción judicial y puede tener efectos desproporcionados.
El abogado añadió que la orden judicial no establece un término específico, pero debe cumplirse de inmediato. Dijo confiar en la buena fe de la OSAJ y del fiscal de distrito para implementar un mecanismo que no afecte la salud del acusado, cuyas piernas permanecen hinchadas.
La defensa ha manifestado preocupación por el bienestar físico de González de León, argumentando que su avanzada edad le impide valerse por sí mismo. Aunque reconoció que se trata de una solicitud difícil para el tribunal, Berríos insistió en que el trato debe ser humanitario.
Asimismo, las partes acordaron adelantar la vista judicial para este jueves, 29 de enero, con el objetivo de explorar un posible acuerdo de culpabilidad que evite un juicio contencioso. “Este caso tal vez se resuelve el jueves”, señaló el abogado. La vista de juicio estaba originalmente pautada para el 5 de febrero, fecha en que también se verá una vista civil separada sobre una orden de protección.
“Estamos intentando que, por las circunstancias humanas de don Pedro, se pueda resolver el caso sin que él tenga que ser trasladado. Queremos lograr un acuerdo que sea humanitario y que atienda el interés público”, concluyó Berríos.
