El Tribunal de Apelaciones acogió la solicitud del gobierno de Puerto Rico para suspender la orden emitida por la jueza superior Iris Cancio González, que requería al Departamento de Hacienda entregar información contributiva de Antonio Sagardía, exsecretario de Justicia y contratista gubernamental.
Según la resolución, la petición urgente del Ejecutivo se presentó el lunes a las 6:38 p.m. y fue asignada al panel judicial. A las 9:53 a.m. del martes 21 de abril de 2026, el tribunal declaró “Ha Lugar” la paralización solicitada. No obstante, los jueces aclararon que esta decisión “no conlleva la adjudicación de las controversias planteadas”.
El panel estuvo integrado por Monsita Rivera Marchand, Ana Mateu Meléndez, Lersy Boria Vizcarrondo y Juan Robles Adorno. Además, el tribunal no consideró la comparecencia especial del licenciado Sagardía en apoyo al certiorari presentado por el gobierno, al indicar que el abogado no participó en los procesos del Tribunal de Primera Instancia.
El Senado, que había solicitado los documentos al Departamento de Hacienda, tiene hasta el miércoles para fijar su posición ante el foro apelativo.
Según la Ley de la Judicatura (Ley 103-2003), el Tribunal de Apelaciones puede revisar resoluciones del Tribunal de Primera Instancia, pero reiteró que no evalúa asuntos que no fueron presentados previamente ante ese foro. Sagardía solicitaba que se revocara la orden de Cancio González, alegando que violaba el debido proceso de ley y excedía los límites constitucionales del poder investigativo legislativo.
El lunes, el gobierno de Jenniffer González recurrió al tribunal para que se revocara la orden que obligaba al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, a entregar la información, argumentando que el requerimiento del Senado “no especifica el propósito ni la necesidad” de los datos.
El Ejecutivo sostiene que divulgar los documentos vulneraría derechos de terceros y revelaría información confidencial. En contraste, el Senado afirma que el pedido responde a su deber constitucional de fiscalizar el uso de fondos públicos.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, negó que la solicitud obedeciera a prejuicios. “Yo no tengo preocupación con lo que él piense… pero, hasta ahora, los tribunales dicen que ellos no tienen la razón. No estamos pidiendo información de su planilla, estamos pidiendo información de cumplimiento”, expresó el legislador.
