El Tribunal Supremo de Estados Unidos extendió el martes una orden que impide la emisión de los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), en medio de señales de que el cierre del gobierno podría concluir pronto y reanudarse la ayuda alimentaria.
La decisión mantiene, al menos por unos días más, la incertidumbre entre millones de beneficiarios. En algunos estados, los hogares han recibido sus asignaciones completas, mientras que en otros apenas han llegado pagos parciales o ningún depósito. La orden del Supremo expirará justo antes de la medianoche del jueves.
El Senado aprobó una medida para poner fin al cierre del gobierno, y la Cámara de Representantes podría votarla en las próximas horas. Si se reabren las agencias federales, se reanudarían las operaciones del SNAP, que asiste a 42 millones de estadounidenses, aunque no se ha precisado cuándo se restablecerían los pagos completos.
Los jueces optaron por una decisión temporal, que evita pronunciarse sobre los fallos de tribunales inferiores que habían ordenado mantener los beneficios plenos durante el cierre. Según defensores y autoridades estatales, los estados podrán emitir los pagos más rápidamente una vez reanudado el financiamiento federal.
Carolyn Vega, analista del grupo Share Our Strength, advirtió que algunos estados podrían enfrentar dificultades técnicas para completar los pagos que fueron emitidos parcialmente.
En Pensilvania, mientras ciertos beneficiarios recibieron la totalidad de sus beneficios, otros siguen sin ver fondos. Jim Malliard, residente de Franklin, relató que, al no haber recibido su asignación de $350 del SNAP, apenas le quedan $10 y sobrevive con arroz y fideos instantáneos. “He pasado noches en vela, preocupado por la comida y las cuentas”, dijo.
Ante la incertidumbre, algunos ciudadanos han tomado acción directa. En Nueva York, la maestra Ashley Oxenford montó una pequeña despensa de alimentos frente a su casa: “He gastado dinero en cosas más tontas que en ayudar a quien pasa hambre”, expresó.
El conflicto judicial comenzó cuando la administración Trump suspendió la financiación del SNAP tras octubre, lo que provocó demandas y fallos contradictorios. Aunque inicialmente se accedió a financiar hasta el 65% de los beneficios, un juez ordenó pagarlos en su totalidad. El Supremo suspendió esa orden tras una apelación del gobierno, que argumentó que usar otros fondos sería improcedente.
El presidente Donald Trump dijo desde la Casa Blanca que “parece que nos acercamos al fin del cierre”, aunque no ha confirmado si firmará la ley para reabrir el gobierno. Su administración insistió ante el Supremo en que la responsabilidad de resolver la crisis recae en el Congreso, no en los tribunales.
Mientras tanto, organizaciones civiles culpan al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de la confusión. “El caos fue provocado por las demoras y la intransigencia del Departamento de Agricultura, no por los esfuerzos de los tribunales por proteger a las familias que dependen de la comida”, señalaron en una declaración presentada ante el tribunal.
