El secretario de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones, negó este miércoles los hallazgos de una investigación publicada por ProPublica que señala un presunto esquema de compra de votos a cambio de drogas en las cárceles de Puerto Rico, durante el ciclo electoral de 2024, que habría favorecido a la gobernadora Jenniffer González.
“En el 2024, ni Jenniffer González era la gobernadora ni este servidor era el secretario. Aquí se están haciendo las cosas correctamente, o alguien pensaría que la gobernadora iba a traer un exfiscal, un exjuez superior para hacer lo contrario”, expresó Quiñones durante una vista pública en la Cámara de Representantes sobre el presupuesto de su agencia.
ProPublica reportó que, tras la elección de Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo una pesquisa sobre este supuesto esquema y ordenó eliminar las denuncias relacionadas con compra de votos, pese a que había evidencia contra reclusos y funcionarios del sistema correccional.
En diciembre de 2024, la fiscalía federal acusó a 34 personas vinculadas al Grupo 31, también conocido como “Los Tiburones”, por distribuir drogas en cárceles utilizando drones. El pliego acusatorio mencionó presiones de carácter electoral.
Quiñones afirmó haberse enterado del tema solo mediante la publicación. “No tengo ninguna información, más allá de lo que dice ese reportaje, así que, de nuevo, en el 2024 no estábamos”, señaló. Añadió que no ha recibido requerimientos federales y que, si surgen evidencias contra empleados, las autoridades actuarían.
Durante la audiencia, recalcó que el DCR no conduce ninguna pesquisa interna sobre el asunto y que los privilegios indebidos, como el uso de celulares, están prohibidos. “El que yo coja haciendo eso o algo similar se va del Departamento, así que mano firme con eso”, subrayó.
Según Quiñones, en 2024 la agencia ocupó $3.4 millones en contrabando y en el año siguiente la cifra subió a $6.4 millones. Confirmó que existen consolas de videojuegos y visitas especiales autorizadas, pero aclaró que “el privilegio no puede ser por intercambio, en compensación o para permitir una conducta ilícita”.
El representante Héctor Ferrer Santiago, portavoz del Partido Popular Democrático, radicó la Resolución de la Cámara 693 para que se investigue el presunto esquema. Aseguró que las denuncias “atentan contra la integridad de nuestro sistema democrático” y deben investigarse a fondo.
Por su parte, las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño en Cámara y Senado también presentaron medidas, y la senadora María de Lourdes Santiago destacó que estos señalamientos “anteceden al reportaje de ProPublica” y no deben ser ignorados.
La gobernadora Jenniffer González ha rechazado las acusaciones, calificándolas como “un intento de aquellos que quieren mancillar su reputación”, y sostuvo que no considera necesario que se investigue el asunto en la isla.
La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.
