Nueva York — La nominación de la doctora Casey Means como directora de salud pública de Estados Unidos se encuentra paralizada, un mes después de una audiencia de confirmación marcada por fuertes interrogatorios sobre vacunas y políticas sanitarias. El proceso ha generado escepticismo sobre su capacidad de reunir los votos necesarios para obtener el cargo.
Means, una médica de 38 años formada en Stanford y conocida influencer de bienestar, fue propuesta por el presidente Donald Trump, pero su confirmación ha quedado detenida pese a los esfuerzos de la Casa Blanca y del movimiento Make America Healthy Again (MAHA). El estancamiento refleja divisiones internas sobre temas de salud pública, incluso dentro de un Congreso que ha mostrado deferencia hacia Trump.
La controversia también golpea la agenda del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien enfrenta críticas por sus posiciones sobre las vacunas. Means ha sido cuestionada por su falta de experiencia clínica, su estrecha relación con Kennedy y por tener una licencia médica inactiva.
Durante su audiencia, las senadoras republicanas Lisa Murkowski y Susan Collins expresaron nuevas dudas, mientras el senador Bill Cassidy, presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, no ha respondido sobre el retraso en la votación. Un portavoz de la Casa Blanca afirmó que la administración mantiene “conversaciones productivas con el Senado”, destacando las “credenciales académicas” y el “compromiso con la salud preventiva” de la nominada.
Sin embargo, el proceso atraviesa dificultades. Means evitó comprometerse a promover la vacunación contra la gripe y el sarampión, insistiendo en el consentimiento informado. También confirmó haber experimentado con psicodélicos, aunque afirmó que no los recomendaría al público.
Las declaraciones provocaron escepticismo incluso entre republicanos. Jerome Adams, exdirector de salud pública durante el primer mandato de Trump, sostuvo que Means no está calificada para el puesto. Otros miembros del partido han señalado que la nominación responde principalmente a una decisión de Kennedy.
Mientras tanto, activistas de MAHA presionan a las senadoras indecisas con campañas de llamadas. Tony Lyons, líder del grupo, exhortó a sus seguidores a “llamar una y otra vez” para respaldar a Means.
Aunque la ley no exige una licencia médica vigente para ocupar el cargo, los integrantes del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública, al que la Cirujana General pertenece, deben tener licencias activas. Means aseguró que su inactividad fue voluntaria y que cuenta con el aval del almirante Brian Christine.
De avanzar fuera del comité, su nominación podría enfrentar más obstáculos en el pleno del Senado. El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, ya adelantó que votaría en contra, alegando que su currículum “levanta alertas”.
La demora también ha sido notoria: casi 300 días han transcurrido desde su nominación, casi el doble del promedio para designaciones del segundo mandato de Trump, según Partnership for Public Service. Entre los factores del retraso se incluye el nacimiento del hijo de Means y los prolongados tiempos legislativos. Expertos del grupo calificaron la espera como “inusual” para un cargo de ese nivel.
Mientras la Casa Blanca redobla esfuerzos, el futuro de la nominación de Means sigue incierto y refleja tensiones internas sobre el rumbo de la salud pública en la administración Trump.
