La administración de Donald Trump anunció una medida histórica al reclasificar la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa. Aunque algunos activistas celebraron la decisión, otros advirtieron que es insuficiente para los miles de presos federales que siguen cumpliendo largas condenas por delitos relacionados con el cannabis.
La orden ejecutiva, firmada por el fiscal general en funciones Todd Blanche, no modifica las penas actuales por posesión o venta de marihuana ni afecta directamente a quienes ya están encarcelados. “Aunque se trata de una victoria, la lucha dista mucho de haber terminado”, declaró Jason Ortiz, director de iniciativas estratégicas de Last Prisoner Project, organización que promueve la reforma de la justicia penal del cannabis.
El cambio traslada la marihuana medicinal de la Lista I, que agrupa drogas como la heroína, a la Lista III, con regulación menos estricta. La medida podría beneficiar a investigadores y empresas del sector al reducir cargas fiscales y burocráticas, pero no implica la legalización del consumo médico ni recreativo. Según expertos, la mayoría de los presos federales no están encarcelados solo por posesión, sino por delitos de tráfico o producción a gran escala.
El caso de Héctor Rubén McGurk, de 66 años, refleja la situación de muchos reclusos. Cumple cadena perpetua desde 2007 por transporte de marihuana y blanqueo de dinero en una prisión de Texas, lejos de su familia en El Paso. “Su fecha de liberación es la muerte”, lamentó su nuera, Ferna Anguiano, quien asegura que el castigo no se corresponde con el delito.
Cat Packer, de la Drug Policy Alliance, afirmó que, pese a la nueva clasificación, seguirán existiendo sanciones penales específicas y mínimos obligatorios por posesión. Marta Nelson, del Instituto Vera de Justicia, añadió que tanto sectores progresistas como conservadores buscan que la marihuana deje de considerarse una sustancia equiparable a la heroína y se regule como el alcohol o el tabaco.
Durante su mandato, Barack Obama conmutó unas 1,900 sentencias por delitos de drogas no violentos, mientras Joe Biden indultó a 6,500 personas por posesión simple. La administración Trump, en cambio, ha otorgado menos clemencias en casos relacionados con drogas y no ha fijado una política general al respecto.
Estudios federales muestran que las personas negras tienen hasta 4 veces más probabilidades de ser arrestadas por marihuana que las blancas, pese a registrar similares niveles de consumo. Esta brecha racial persiste también en las condenas, en su mayoría impuestas a afroamericanos e hispanos.
Packer advirtió además que la reprogramación podría ampliar las desigualdades económicas, ya que los principales beneficiarios serían empresarios blancos del mercado legal. “Las licencias no se distribuyeron equitativamente”, dijo.
Los defensores de la reforma esperan que el Congreso impulse legislación para cancelar antecedentes y revisar condenas. El Last Prisoner Project planea dialogar con el Congressional Cannabis Caucus, integrado por la representante Ilhan Omar y el congresista David Joyce, para promover nuevas medidas de clemencia y garantizar que la orden sirva de modelo para que más estados reconsideren sus leyes sobre la marihuana.
