La intensificación de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump ha reavivado un debate clave: ¿cuándo pueden los agentes federales ingresar legalmente a una vivienda privada para realizar una detención? El tema tomó fuerza en ciudades como Minneapolis, donde redadas recientes y protestas han puesto bajo escrutinio la autoridad de las agencias de inmigración.
Según expertos jurídicos, la mayoría de las detenciones migratorias se ejecutan con órdenes administrativas emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas órdenes, aunque autorizan la detención de una persona, no permiten el ingreso forzoso a un domicilio sin consentimiento. Solo las órdenes judiciales firmadas por un juez otorgan esa facultad.
La Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense protege a toda persona contra registros e incautaciones irrazonables, lo que exige que las autoridades cuenten con una orden judicial para entrar en una propiedad privada, sin importar el estatus migratorio del individuo. Las órdenes administrativas, en cambio, tienen un alcance limitado y no autorizan el uso de la fuerza para irrumpir en viviendas.
John Sandweg, exdirector interino del ICE, explicó que los agentes reciben capacitación sobre cuándo está legalmente justificada la entrada forzada, aunque advirtió que las confusiones aumentan a medida que agentes de la Patrulla Fronteriza asumen tareas que no son parte de su misión principal. “El riesgo de incidentes crece cuando los agentes actúan en entornos para los que no fueron entrenados”, señaló.
El debate se intensificó tras una redada en Minneapolis, donde agentes irrumpieron en una vivienda privada con una orden administrativa, sin autorización judicial. De acuerdo con documentos revisados por The Associated Press, los oficiales buscaban detener a un hombre liberiano con una orden de deportación de 2023. Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), defendió la acción al afirmar que el detenido formaba parte de “lo peor de lo peor”, aunque no ofreció detalles sobre posibles condenas.
Heidi Altman, vicepresidenta de política del National Immigration Law Center, advirtió que entrar sin consentimiento puede tener consecuencias legales graves para los agentes. “No se trata solo de una detención ilegal, sino de múltiples violaciones que podrían derivar en sanciones civiles o penales”, explicó.
Altman también alertó que los inmigrantes afectados por arrestos o registros ilegales tienen pocas vías de defensa, ya que las pruebas obtenidas de forma indebida suelen aceptarse en los tribunales de inmigración. “Incluso si una detención fue ilegal o violenta, las personas enfrentan deportaciones rápidas sin posibilidad de excluir esas pruebas”, añadió.
Ante este panorama, organizaciones y gobiernos locales impulsan campañas de información para enseñar a la comunidad sus derechos. Abogados y activistas promueven materiales educativos y talleres donde se explica que los inmigrantes pueden negarse legalmente a abrir la puerta si los agentes solo presentan una orden administrativa. Estas iniciativas buscan que más personas reconozcan sus protecciones constitucionales y eviten ser víctimas de redadas fuera del marco legal.
Según la propia agencia, esta historia fue traducida del inglés y revisada por un editor antes de su publicación.
