El proyecto propuesto por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, busca establecer una nueva “Ley del Poder Judicial de Puerto Rico”. La medida plantea modificar las facultades y la interacción entre el juez presidente y el pleno del Tribunal Supremo en asuntos relacionados con la administración de la rama judicial.
La propuesta ha generado posturas contrapuestas entre dos ex jueces asociados del máximo foro judicial. Mientras uno considera que la medida representa una amenaza a la independencia judicial y podría alterar el balance interno del Supremo, el otro entiende que las modificaciones son legítimas y podrían mejorar la eficiencia en los procesos administrativos.
El debate revive viejas tensiones respecto a cómo debe distribuirse el poder dentro del Poder Judicial y cuál debe ser el rol del Senado en su estructura. La discusión también vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la autonomía judicial frente a posibles influencias políticas.
