Houston – Adrian Gonzales, ex policía escolar de Uvalde, Texas, fue uno de los primeros agentes en llegar a la escuela primaria Robb luego de que un hombre armado abriera fuego contra estudiantes y maestros en mayo de 2022. Fiscales alegan que, en lugar de confrontar al tirador, Gonzales no actuó para proteger a los alumnos. Las familias de las 21 víctimas —19 niños y dos maestras— sostienen que si los casi 400 agentes presentes hubiesen intervenido antes, se habrían salvado vidas.
Más de tres años después, comenzará el primer juicio penal relacionado con la lenta respuesta de las autoridades en uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Unidos. Gonzales enfrenta 29 cargos de poner en peligro a menores, cada uno con una posible condena de hasta dos años de prisión. La acusación sostiene que puso a los niños en “peligro inminente” al no usar su entrenamiento como agente ante un tirador activo ni avanzar hacia el atacante, pese a oír los disparos.
Investigaciones estatales y federales identificaron múltiples fallas en la coordinación, liderazgo y comunicación de las fuerzas del orden. El abogado defensor, Nico LaHood, afirmó que su cliente actuó con el propósito de sacar a los estudiantes del edificio y que la ira pública por la tragedia está mal dirigida. La selección del jurado está prevista para el 5 de enero en Corpus Christi, luego del traslado del caso fuera de Uvalde para garantizar un proceso imparcial.
Además de Gonzales, el ex jefe de la Policía Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, también enfrenta cargos, aunque su juicio aún no tiene fecha. La fiscal del condado, Christina Mitchell, no ha explicado por qué solo ellos fueron acusados.
Expertos legales señalan que procesar a un agente por no actuar es “extremadamente inusual”. Casos similares en Estados Unidos son escasos: Scot Peterson, ex ayudante del sheriff en Florida, fue absuelto por un jurado tras ser acusado de no intervenir durante la masacre de Parkland en 2018; y en Maryland, una condena similar contra un ex policía fue anulada por el Tribunal Supremo estatal.
El abogado penalista Michael Wynne opinó que obtener una condena será difícil porque, aunque hubo negligencia evidente, probar intención criminal resultará complicado. Sin embargo, la profesora de Derecho Sandra Guerra Thompson consideró que la gravedad del caso podría pesar en la balanza: “Estamos hablando de niños pequeños que fueron masacrados y de una respuesta muy tardía por parte de muchos agentes”.
