El liderato del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes cuestionó la decisión de discutir a puerta cerrada el Proyecto de la Cámara (PC) 1115, que devolvería a la Asamblea Legislativa la facultad de establecer el salario mínimo en Puerto Rico. Los legisladores reclamaron un escrutinio público y detallado antes de proceder con la medida.
El portavoz alterno del PPD, representante Domingo Torres García, señaló que solo se celebró una vista pública en la que quedaron preguntas sin respuesta deponientes, entre ellos funcionarios del Departamento del Trabajo. Recordó que la Ley 47-2021 dispone que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo debe revisar cada dos años el salario estatal, que actualmente es de $10.25 por hora.
“Es más favorable para los empleados que esta tarea continúe en manos de expertos y no de políticos, para evitar que se use como promesa electoral”, expresó Torres García, representante del Distrito 25. Además, pidió frenar el trámite del proyecto y permitir un proceso abierto y participativo.
La Comisión de Trabajos y Asuntos Laborales de la Cámara celebró una vista ejecutiva el lunes en la mañana. Según Torres García, esta produjo un informe positivo sin contestar las interrogantes planteadas en la vista pública previa. El autor del proyecto y presidente de la comisión, representante Roberto López Román, no respondió solicitudes de comentario de El Nuevo Día.
En declaraciones anteriores, López Román criticó la estructura de la Comisión Evaluadora, al considerarla poco democrática y lenta, pues sus miembros no son electos y solo el gobernador y el Senado participan en su nombramiento y confirmación.
El PC 1115 propone derogar la Ley 47-2021, devolver a la Legislatura el poder de revisar el salario mínimo y ordenar que cada cuatrienio se evalúe si procede un aumento. El análisis debería incluir factores como el costo de vida, las condiciones económicas y la competitividad empresarial para evitar una reducción en el empleo. Según su exposición de motivos, la política económica debe quedar en manos de funcionarios electos y no de una comisión “no representativa”.
El portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, calificó la medida como un “disparate legislativo”, al señalar que una Legislatura no puede imponer políticas a una subsiguiente. Además, acusó a López Román de responder a intereses de la empresa privada, afirmando que los únicos que apoyan la iniciativa son gremios empresariales.
“El PNP no ha podido aprobar una reforma contributiva ni suspender la crudita, pero ahora busca eliminar la oportunidad de los trabajadores de disfrutar de un salario digno”, sostuvo Ferrer Santiago.
Torres García recordó que la Ley 47 fue aprobada por unanimidad y cuestionó si quienes la respaldaron hace cinco años ahora estarían dispuestos a derogarla. Tanto Ferrer Santiago como Torres García fueron los autores del proyecto que se convirtió en esa ley.
