La Policía Municipal de Carolina afirmó que no realiza arrestos para conocer el estatus migratorio de las personas, luego de las críticas generadas por el caso del inmigrante dominicano Joan Alberto Zorrilla Lora, quien fue intervenido por infracciones de tránsito y, posteriormente, referido a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
El comisionado Rubén Moyeno sostuvo que los protocolos municipales prohíben detener a nadie para indagar su estatus migratorio. “No se puede detener o arrestar a una persona para conocer su estatus migratorio, ni se le pregunta su estatus migratorio como parte de nuestros protocolos. Si la persona es arrestada por la comisión de algún delito, se siguen los procesos uniformes para el delito que aplique”, declaró a El Nuevo Día.
Zorrilla Lora fue citado al cuartel municipal el 15 de enero y, al acudir con su esposa embarazada, agentes de CBP lo detuvieron por no tener definido su estatus migratorio. El inmigrante, esposo de una ciudadana estadounidense y padre de un niño de 2 años, permanece detenido desde entonces en un centro federal. Su abogada, Charito García Miranda, intentó obtener un permiso especial para que pudiera estar presente en el parto de su esposa, pero la solicitud fue denegada. “Es la cosa más triste que uno puede ver. Están destruyendo a una familia”, lamentó la abogada.
El juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, describió a Zorrilla Lora como “respetuoso de la ley, esposo y padre de ciudadanos estadounidenses”, aunque rechazó concederle una vista de fianza para evitar su traslado a un centro de detención en Estados Unidos.
El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, no ofreció declaraciones sobre el caso “por recomendación de la División Legal” del municipio, informó su portavoz, Lourdes Vázquez. No obstante, Moyeno reiteró que el compromiso de la institución es evitar cualquier forma de discrimen o trato desigual.
El dominicano contaba con una licencia provisional emitida bajo la Ley 97-2013, firmada por el entonces gobernador Alejandro García Padilla, en la cual figura la indicación de “no ciudadano”. Su caso ha sido comparado con el de Aracelys Terrero, una comerciante dominicana detenida el verano pasado por CBP en Cabo Rojo tras ser referida por policías municipales.
Pablo José Hernández Rivera, presidente del Partido Popular Democrático, opinó que “los inmigrantes detenidos por infracciones de tránsito no deberían ser referidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o CBP”. Añadió que, en su criterio, las agencias de inmigración deberían concentrar sus recursos “en las personas que cometen crímenes violentos”.
A diferencia de otros municipios populares como Aguadilla y Hormigueros, Carolina no se ha declarado “ciudad santuario” ni ha firmado acuerdos que limiten la colaboración de sus agentes con las autoridades federales. Hasta la fecha, ningún cuerpo policial en Puerto Rico ha suscrito acuerdos bajo el programa 287(g) de ICE, que permitiría a policías locales ejercer funciones migratorias bajo supervisión federal.
Mientras tanto, la Policía estatal continúa operando bajo la Orden General Capítulo 600 Sección 626, que regula la intervención con personas extranjeras durante situaciones como delitos o accidentes de tránsito.
