Physician Correctional se encuentra en una intensa lucha legal para mantenerse como proveedor de servicios médicos en las cárceles de Puerto Rico, tras la notificación de cancelación de su contrato, efectiva desde el 1 de julio. La jueza superior Katarina M. Stipec Rubio ha decidido, de manera provisional, que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no puede sustituir a Physician mientras el litigio continúa, lo que ha generado un alivio temporal para la compañía que argumenta haber sufrido "enormes pérdidas económicas" debido a la situación.
El contrato de Physician, que está vigente hasta septiembre de 2028, ha sido objeto de controversia, y la jueza Stipec Rubio concedió un remedio provisional bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil. Este fallo impide que el gobierno ejecute cualquier contrato nuevo hasta que se resuelva el pleito que Physician ha interpuesto, lo que podría llevar el juicio a una fecha cercana al 29 de marzo de 2027. Según El Vocero, esta decisión tiene un impacto significativo en las operaciones del DCR, que ha estado buscando nuevos suplidores para reemplazar a Physician.
Francisco Quiñones, secretario del DCR, no ha ofrecido declaraciones sobre esta situación ni sobre otras controversias que enfrentan en la agencia. Physician ha alegado que la cancelación del contrato es "arbitraria e ilegal", además de considerar que se trata de un "discrimen político". Como parte de su defensa, la compañía ha mencionado que los nuevos proveedores que han manifestado interés no cuentan con la experiencia ni los recursos necesarios para ofrecer servicios confiables en el sistema penitenciario.
En un contexto más amplio, la lucha de Physician Correctional pone de relieve el impacto de las decisiones gubernamentales en el sistema de justicia penal. La empresa ha expresado que los nuevos suplidores podrían resultar "mucho más costosos" y que las condiciones de contratación actuales son "altamente irregulares". La necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte del DCR es evidente, ya que cualquier retraso podría afectar la atención médica de los reclusos.
Por otro lado, algunos funcionarios, incluido el gobernador Pedro Pierluisi, han sido criticados por permitir que esta situación se prolongue. La controversia ha atraído la atención de diversos sectores, incluyendo la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que también se ha visto involucrada en la discusión sobre los recursos y la gestión de contratos en el DCR. En este contexto, la situación de Physician Correctional no solo es un reto legal, sino también un punto focal de atención pública respecto a la administración del sistema penitenciario en Puerto Rico.
Fuentes: Metro Puerto Rico, El Vocero
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