Las autoridades de Minnesota tienen hasta el 9 de enero para entregar a la administración de Donald Trump información sobre los proveedores y familias que reciben fondos federales para el cuidado infantil. De no hacerlo, podrían arriesgarse a perder millones de dólares en asignaciones del gobierno, informaron funcionarios estatales.
El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota envió un correo electrónico a los proveedores de cuidado infantil indicando que deben preparar un conjunto de datos de verificación sobre los beneficiarios. El aviso llega tras el anuncio de la administración Trump de congelar los fondos federales para este programa, tras denuncias de presunto fraude en guarderías del estado, varias de ellas administradas por residentes somalíes.
La Administración para Niños y Familias, parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), destina anualmente a Minnesota unos $185 millones para subsidios de cuidado infantil. El correo del viernes pidió a las familias mantener los procedimientos y licencias habituales, aclarando que no se les exige aportar documentación adicional.
El gobierno federal solicitó datos detallados de 2022 a 2025 sobre beneficiarios, proveedores, montos recibidos y posibles redes de fraude. El HHS indicó que ofrecerá información adicional antes del 5 de enero, pero aún no se sabe qué restricciones de financiamiento podrían imponerse.
La congelación de fondos ocurre en medio de investigaciones sobre presunto uso indebido de dinero público. El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes celebrará una audiencia para discutir el tema. Según el HHS, una línea de denuncias abierta recientemente ha recibido más de 200 reportes.
Funcionarios federales como Alex Adams, secretario adjunto de la Administración para Niños y Familias, aseguran que Minnesota no respondió a una carta enviada en diciembre solicitando la información. En paralelo, la administradora de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler, informó la suspensión de 6,900 préstamos por fraude relacionados con la era del COVID-19.
Mientras tanto, el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del estado afirma mantener 55 investigaciones abiertas y defendió que se realizan inspecciones regulares. “DCYF sigue comprometido con detener el fraude, proteger a los niños y apoyar a las familias”, señaló en un comunicado. Agregó que la difusión de denuncias infundadas ha generado tensiones hacia comunidades inmigrantes de Minnesota.
Para los proveedores, la incertidumbre genera temor. Maria Snider, del Minnesota Child Care Association, advirtió que unos 23,000 niños y 12,000 familias dependen del programa y que las demoras en pagos podrían afectar la operación de los centros. “Para muchos, el margen ya es escaso”, señaló. Si los fondos no llegan a tiempo, advirtió, las consecuencias podrían sentirse directamente en las guarderías y en las familias de ingresos bajos.
