La manifestación en Puerto Rico convocada por un colectivo de 27 organizaciones busca conmemorar los diez años de la promulgación de la ley PROMESA y exigir la salida de la Junta de Supervisión Fiscal. El evento, que se llevará a cabo el 30 de junio a las 4:00 p.m. frente a las oficinas de la Junta en Hato Rey, ha sido bautizado como “Pa’ fuera la Junta”. Los organizadores señalan que este es un "asunto de pueblo" y buscan movilizar a la ciudadanía a participar activamente.
Impacto de la ley PROMESA
La ley PROMESA, promulgada en 2016 por el Congreso de Estados Unidos, tenía como objetivo reestructurar la deuda pública de Puerto Rico y establecer un plan de desarrollo económico. Sin embargo, varias organizaciones han señalado que en lugar de cumplir con sus promesas, la Junta ha impuesto recortes que han perjudicado servicios esenciales en la isla. Según el Centro de Estudios del Desarrollo, para 2025, la Universidad de Puerto Rico habrá perdido $412 millones en financiamiento, mientras que los municipios habrían dejado de recibir $350 millones en aportaciones gubernamentales. Emilio Nieves Torres, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, ha indicado que "la Junta se tiene que ir" debido a los daños causados por sus decisiones.
Respuesta de la ciudadanía
La manifestación ha sido respaldada por una amplia variedad de sectores, desde estudiantes de la Universidad de Puerto Rico hasta grupos sindicales y comunitarios. En redes sociales, el sentimiento es claro: la población ve a la Junta como un símbolo del colonialismo y la intervención externa en los asuntos internos de la isla. De acuerdo con El Vocero, la Asociación de Alcaldes ha cuestionado las decisiones de la Junta, especialmente en relación con la implementación de leyes locales y su armonización con la legislación federal.
La voz de los líderes comunitarios
Marina Rodríguez Seguí, del Movimiento Estudiantil, ha enfatizado que "estos planteamientos (…) son pocos si vamos a hacer la lista de todos los impactos y los daños que ha provocado la Junta". Los líderes buscan que la indignación popular se traduzca en acción concreta y que el pueblo se sienta motivado a tomar las calles. "Todo eso tiene que provocar la indignación del pueblo, porque estamos hablando de que el gobierno ha reconocido que ha nombrado unos funcionarios bajo el concepto y el criterio político partidista".
Con estas acciones, las organizaciones buscan no solo conmemorar una década de la ley PROMESA, sino también enviar un mensaje claro sobre la necesidad de un cambio profundo en la gestión de los asuntos fiscales y políticos de Puerto Rico.
Fuentes: facebook.com, instagram.com, El Vocero
Mantente al día con más noticias en Radar Boricua.
