El consorcio LUMA Energy solicitó trasladar al Tribunal Federal la demanda presentada por el gobierno de Puerto Rico para cancelar su contrato. Según un comunicado de prensa, la empresa pidió que el caso sea incluido en el proceso de quiebra bajo el Título III de la ley Promesa, al entender que ese es el foro más apropiado para atender la controversia.
LUMA denunció que las acciones del gobierno tienen motivaciones políticas y advirtió que revocar un contrato legalmente vinculante podría poner en riesgo el progreso alcanzado, afectando proyectos críticos para fortalecer la red eléctrica en Puerto Rico. “Las recientes acciones motivadas por la política… perjudican al pueblo al amenazar proyectos destinados a revitalizar el sistema eléctrico”, indicó en declaraciones escritas.
La empresa sostuvo además que la demanda interpuesta por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) carece de fundamento, pues no existe incumplimiento contractual por parte de LUMA. “Este tipo de acciones sientan un precedente negativo… y representan un obstáculo innecesario para la economía de la isla”, agregó.
El consorcio reafirmó que sus 4,000 empleados continúan comprometidos con ofrecer un servicio seguro y confiable. “Seguiremos enfocados en el progreso por encima de la política mientras trabajamos para brindar la red eléctrica que el pueblo merece”, afirmó.
La demanda presentada por la AAPP y la AEE cuestiona la validez de una carta firmada el 30 de noviembre de 2022 por funcionarios del gobierno de Pedro Pierluisi y directivos de LUMA Energy. Ese documento extendió de forma indefinida el Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución, así como los términos suplementarios mientras se resolvía la quiebra de la AEE.
El recurso sostiene que la extensión fue inválida porque los representantes del interés público ante la Junta de Directores de la AAPP, Eduardo Ferrer y Lisa Ortiz, se abstuvieron de votar. La Ley 120 de 2018 dispone que, si uno o ambos no apoyan el acuerdo, no puede aprobarse. Ambos denunciaron en 2022 que fueron excluidos del proceso.
El documento legal también revela que la extensión no contó con el aval del entonces director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, quien actualmente funge como zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP bajo la administración de la gobernadora Jenniffer González.
Asimismo, el texto expone que el acuerdo no fue sometido a la aprobación de la Asamblea Legislativa, tal como exige la Ley 29 de 2009 sobre Alianzas Público Privadas. Aunque la Junta de Supervisión Fiscal avaló la extensión “con observaciones”, aclaró que no evaluaba el cumplimiento de los requisitos de contratación según las leyes locales y federales.
Finalmente, el gobierno argumentó que el contrato carece de métricas claras de cumplimiento y no tiene una fecha de vencimiento específica, lo que lo convierte en un acuerdo abierto.
