LUMA Energy confirmó este domingo que cerrará sus oficinas de servicio al cliente en los municipios de Aibonito e Isabela a partir del 26 de junio. La empresa, encargada de la transmisión y distribución del sistema eléctrico, ya había notificado a sus empleados sobre la clausura mediante una comunicación interna.
En un comunicado de prensa, el consorcio explicó que la determinación “surge de un análisis exhaustivo que identificó oportunidades para optimizar recursos y reforzar la transformación de la red”. Añadió que “nuestro compromiso sigue centrado en el cliente, en operar con excelencia y en comunicarnos con total transparencia”.
Según LUMA, los clientes en Isabela cuentan con 11 puntos de pago cercanos, entre panaderías, gasolineras y farmacias, mientras que los usuarios de Aibonito tienen ocho alternativas disponibles. Además, destacó que dispone de opciones digitales y telefónicas disponibles las 24 horas del día para realizar pagos, solicitar servicios y reportar averías. Los clientes pueden acceder a la página miluma.lumapr.com, utilizar la aplicación MiLUMA o comunicarse al 1-844-888-5862 para asistencia personalizada.
La empresa indicó también que los empleados asignados a esas oficinas “serán considerados como primera opción para oportunidades disponibles dentro de la compañía, conforme a las necesidades operacionales y los procesos internos de reclutamiento”.
La información fue difundida inicialmente por el periodista José Carlos Sánchez Cintrón en redes sociales.
El anuncio coincide con la continua disputa legal entre LUMA Energy y la administración de Jenniffer González, relacionada con los intentos del gobierno por cancelar el contrato de operación de la empresa. LUMA presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, impugnando una decisión de la jueza Laura Taylor Swain que devolvió el caso a los tribunales de Puerto Rico.
En sus argumentos, el consorcio alegó que el gobierno busca ejercer poderes excepcionales para “intentar anular un contrato que revisó, ejecutó y aprobó hace años” y advirtió que tal acción podría causarle un “daño irreparable”. Además, alertó que el litigio podría convertirse en un “shuttlecock”, es decir, un caso que se mueve constantemente entre los foros estatal y federal.
