LUMA Energy, encabezada desde marzo por la ingeniera Janisse Quiñones, presentó una moción ante el Tribunal de Título III para notificar que acudirá al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston y solicitó a la jueza federal Laura Taylor Swain que suspenda su orden mientras se atiende el recurso.
Swain había ordenado devolver a los tribunales de Puerto Rico las controversias sobre la validez del contrato suplementario entre la empresa y el gobierno. LUMA argumentó que la decisión debe ser revisada por el foro apelativo federal y pidió que se paralice el cumplimiento de la orden hasta que se resuelva el proceso de apelación.
En su escrito de 17 páginas, la compañía sostuvo que el Primer Circuito tiene jurisdicción para atender el caso y que el asunto plantea una cuestión jurídica “seria y novedosa” sobre el alcance del poder regulatorio del gobierno de Puerto Rico para anular contratos previamente aprobados. Según la empresa, el gobierno pretende usar “poderes excepcionales” para invalidar un contrato que fue revisado y firmado hace tres años.
LUMA indicó además que la gobernadora Jenniffer González, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) se oponen al remedio solicitado. Señaló que aún no ha recibido respuesta de otras partes en el caso.
La empresa advirtió que sufriría “daño irreparable” si el caso se devuelve a los tribunales locales antes de que la apelación sea evaluada y que, de no paralizarse la orden, el litigio podría convertirse en un “shuttlecock”, moviéndose entre tribunales estatales y federales. También argumentó que el interés público favorece que la disputa permanezca en el Tribunal de Título III por el impacto que la anulación del contrato tendría sobre la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el sistema energético.
El gobierno, por su parte, presentó recursos para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico atienda directamente el caso. Alega que la extensión contractual aprobada en 2022 incumplió las leyes 29 y 120 y solicita que se declare nulo el acuerdo y se inicie un proceso de transición operacional.
La gobernadora Jenniffer González reforzó estos planteamientos al presentar en diciembre de 2025 una demanda para cancelar el contrato, acción que anunció mediante un mensaje televisado y en las redes oficiales de La Fortaleza. LUMA, sin embargo, replicó que el gobierno tardó más de tres años en impugnar la extensión del contrato y que el único cambio desde entonces “son los funcionarios electos y designados”.
El consorcio también apuntó que el Primer Circuito ya evalúa otro caso relacionado con los poderes regulatorios del Estado, vinculado a un pleito con DACO sobre una cláusula del mismo contrato. La vista oral en ese caso está pautada para el 4 de junio.
