La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, se defendió ante las críticas sobre los cambios en el reglamento para el licenciamiento y supervisión de centros de cuidado para adultos mayores. Según Roig Fuertes, estas modificaciones no limitan las facultades de la Oficina del Procurador para las Personas de Edad Avanzada, que continúan vigentes por ley. La controversia surge tras declaraciones de la procuradora Yolanda Varela Rosa, quien afirmó que la agencia había restringido su capacidad de fiscalización, algo que fue categóricamente rechazado por Roig Fuertes.
Defensa del reglamento por parte de la Secretaría
Roig Fuertes enfatizó que el nuevo reglamento es aún más robusto, diciendo que “ahora, es con multas; es un reglamento más fortalecido, que nos da más herramientas para la atención de los hogares”. Además, subrayó que las facultades de la procuradora no han sido alteradas, y que ella “las continúa teniendo y nosotros (Familia) las continuamos reconociendo”. Esta defensa se da en un contexto en el que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) está revisando el presupuesto estatal para el año fiscal, el cual, según los informes, ha aumentado de $3.809 millones a $3.822 millones, contradiciendo las afirmaciones de la procuradora sobre recortes.
Por otro lado, Roig Fuertes mencionó que en el año 2025 se cerraron 14 centros de cuidado, mientras que hasta junio de este año ya han cerrado 17, lo que refleja un aumento en las dificultades que enfrentan estos establecimientos. “Hubo dos (centros) en los que sí se encontraron fundamentos que llevaron a su cierre”, explicó, indicando que cada caso fue evaluado con planes de acción y de seguridad establecidos.
Reacciones y controversias
La controversia no solo ha movilizado a funcionarios del gobierno, sino que también ha sido objeto de críticas en distintos medios de comunicación. En un informe de TeleOnce, la secretaria tildó de “irresponsables” las declaraciones de Varela Rosa, argumentando que “lo importante es que (la Oppea) tiene las facultades en ley”, sugiriendo que las afirmaciones de la procuradora son un malentendido.
Por su parte, el portavoz del Departamento de la Familia, Jean Peña Payano, aseguró que “el Departamento de la Familia no enmienda las leyes en Puerto Rico”, reafirmando que cualquier cambio en las facultades de la procuradora debe ser realizado por la Asamblea Legislativa. Esta postura se alinea con lo que han señalado otros medios como NotiCel, que también objetaron la premisa de que el Departamento de la Familia limita las capacidades de la Procuradora.
La situación continúa siendo objeto de debate y análisis por parte de las autoridades y la comunidad, mientras los cuidadores de ancianos enfrentan un entorno cada vez más complejo y regulado. Las voces de ambos lados enfatizan la necesidad de proteger los derechos de los adultos mayores mientras se asegura la calidad del cuidado que reciben.
Con el futuro de la regulación de los centros de cuidado en juego, la discusión sobre el balance entre la supervisión gubernamental y la protección de los derechos de los ancianos es más relevante que nunca.
Fuentes: teleonce.com, El Vocero, presenciapr.com
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