Luis Javier Hernández, senador del Partido Popular Democrático (PPD), ha acudido al Tribunal de Apelaciones para solicitar que el Departamento de Justicia le entregue copias de las órdenes de cierre de 229 investigaciones que involucran a servidores públicos. Esta solicitud surge tras el archivo de estas investigaciones desde septiembre de 2025, y busca revocar una decisión tomada previamente por el Tribunal de Primera Instancia. Hernández argumenta que su petición es válida, dado que el Senado aprobó una moción el 21 de mayo que le autorizaba a comparecer ante el tribunal para exigir dicha información.
En una reciente declaración, Hernández expresó: "Si el cuerpo del Senado, el pleno, autorizó mediante una moción a comparecer, pues no creo ser obstáculo para que se nos entregue esa información. Es una cuestión novel, es la primera vez en la historia que un senador de minoría va a un tribunal a pedir información". Esta situación pone de relieve la importancia de la transparencia en el gobierno y el acceso a documentos públicos que, según el senador, son esenciales para cumplir con su labor legislativa.
Hernández también criticó la interpretación del Tribunal de Primera Instancia sobre el Artículo 34-A del Código Político, el cual, según él, se ha leído de manera restrictiva. "La lectura que hace el Tribunal de Primera Instancia sobre el Artículo 34-A es una lectura restrictiva que generaría dudas constitucionales si las analizamos en conjunto con el Artículo III de la Constitución de Puerto Rico", comentó. Esto sugiere que la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas podría tener implicaciones legales más amplias.
Además, el senador subrayó que, aunque podría presentar su solicitud bajo la Ley de Transparencia, esta ha sido enmendada recientemente para otorgar más tiempo al gobierno para entregar documentos, dificultando el acceso de los ciudadanos y los medios a esta información. "Yo pudiera radicar esto por la Ley de Transparencia, pero ustedes recordarán que la Ley de Transparencia fue enmendada por este gobierno para darle más término al gobierno para que entregue documentación", denunció.
Hernández ha manifestado su intención de seguir presionando por esta información "hasta las últimas consecuencias", dejando claro que no se detendrá ante la negativa del Departamento de Justicia: "Que sepa el Departamento de Justicia que, por más que se niegue a entregarme la información, en algún momento, voy a tener acceso". Su tenacidad podría marcar un precedente para otros legisladores que busquen información similar en el futuro.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia, encabezado por la secretaria Lourdes Gómez Torres, ha estado en el centro de la controversia tras la cancelación de destacados fiscales, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles conexiones con investigaciones de corrupción. Según algunas fuentes, esta medida forma parte de una reorganización del Ministerio Público, pero ha levantado suspicacias sobre la transparencia de las acciones del gobierno.
Este caso se suma a un contexto más amplio de tensiones políticas en Puerto Rico, donde la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas se ha vuelto un tema central en la agenda legislativa. La presión del PPD y otros actores políticos podría influir en futuros cambios en las políticas de acceso a la información pública y la forma en que se gestionan las investigaciones en la isla.
Fuentes: periodicovision.com, El Vocero, Metro Puerto Rico
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