La decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) de conceder libertad bajo palabra a Carlos Estefano Pino ha levantado serias preocupaciones, especialmente tras su identificación como sospechoso en el asesinato de la enfermera Jennifer Torres Castro en Caguas. Este caso ha reavivado el debate sobre la efectividad y los criterios de la JLBP, creada bajo la Ley número 118 de 1974, que regula la concesión de privilegios de libertad bajo palabra en Puerto Rico.
El 24 de junio, Torres Castro fue víctima de un crimen en su residencia, y Estefano Pino, quien cuenta con un historial criminal que incluye una condena por feminicidio en 1990, fue detenido debido a su posible implicación en este caso. La JLBP, en defensa de su decisión, argumentó que actuó conforme a la ley al otorgar el privilegio a Estefano Pino, quien había sido liberado en 2018 cuando aún le restaban 85 años de sentencia. Según la Junta, "realizó posteriormente una revisión minuciosa del expediente administrativo", asegurando que el convicto cumplía con los criterios para la continuidad del privilegio concedido.
Críticas a la Junta de Libertad Bajo Palabra
La situación ha generado críticas de diversos sectores. El representante del Departamento de Corrección, Ramón Torres, anunció que está trabajando para convocar a la Junta y revisar sus procesos, evidenciando la preocupación pública sobre la seguridad y la eficacia de la gestión de la JLBP. Este tipo de críticas se intensifican en un contexto donde desde 2025, la Junta ha concedido 166 privilegios de libertad bajo palabra, de los cuales 71, equivalentes al 42.8%, corresponden a personas condenadas por delitos graves.
De acuerdo con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, cada caso es evaluado "de manera individualizada, rigurosa y conforme a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Sin embargo, la posibilidad de que un convicto con un historial violento pueda reincidir ha dejado a muchos en estado de alerta. La Junta admitió que existe espacio para mejorar la Ley número 118, un reconocimiento que podría ser la clave para prevenir futuros incidentes trágicos.
El impacto del caso en la opinión pública
El caso de Estefano Pino ha resonado en la opinión pública, generando un debate importante sobre la seguridad de las comunidades y la responsabilidad de la JLBP en la concesión de libertad bajo palabra. En este sentido, la Junta se enfrenta a una presión creciente para justificar sus decisiones y asegurar a la ciudadanía que los criterios utilizados son suficientemente rigurosos para proteger la seguridad pública. La frase "no extingue la sentencia impuesta por un tribunal" que se ha utilizado como argumento por parte de la Junta refleja la complejidad de la situación, donde se deben equilibrar los derechos de los reclusos con la protección de las víctimas y sus familias.
Con el trasfondo de un crimen violento y la historia de Estefano Pino, la atención ahora se centra en cómo la Junta manejará este caso y si se implementarán cambios significativos en su operación. La comunidad exige respuestas y una revisión exhaustiva de los procesos que permiten a personas con antecedentes criminales graves obtener libertad bajo palabra, en un esfuerzo por evitar que se repitan tragedias como la de Jennifer Torres Castro.
Fuentes: El Vocero, radioisla.tv
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