Cada firma de Jenniffer González Colón al pie de una orden ejecutiva viene acompañada de un silencio cómodo: el silencio de quienes se benefician, el silencio de una burocracia que mira hacia otro lado, y el silencio de una ciudadanía que ya normalizó que el poder se renta en Puerto Rico. Este reportaje no guarda ese silencio. Los datos están ahí. Las firmas, también.
El Patrón No Es Coincidencia
Desde que asumió la gobernación en enero de 2025, González Colón ha emitido una serie de órdenes ejecutivas que, analizadas en conjunto, dibujan un mapa inequívoco: los sectores cuyos ejecutivos donaron a su campaña son los mismos sectores que reciben aceleración de permisos, declaraciones de emergencia estratégicas y exenciones regulatorias a medida.
Las OE-2025-002 y OE-2025-003, firmadas en enero de 2025, establecieron un mecanismo de fast-track para permisos en construcción, turismo y manufactura (docs.pr.gov, enero 2025). No es un secreto que estos tres sectores concentraron parte sustancial de las aportaciones a su campaña. Lo que resulta indignante no es que la gobernadora tenga una agenda económica —eso es legítimo—, sino que esa agenda coincida, punto por punto, con la lista de sus financiadores.
El patrón, en Puerto Rico, tiene nombre: captura regulatoria. Y aquí la captura no es sutil.
LUMA y el Fundraiser de $3,100 el Plato
En agosto de 2024, cuando el debate sobre cancelar el contrato de LUMA Energy estaba en su punto más álgido —con legisladores, alcaldes y ciudadanos exigiendo su rescisión—, la consultora de la empresa organizó un fundraiser en Washington para Jenniffer González. El precio de entrada: $3,100 por plato. Pamela Patenaude, vinculada a IEM, firma consultora de LUMA, aportó $500 directamente (CPI / Noticel, agosto 2024).
Semanas después, González descartó públicamente cancelar el contrato de LUMA.
No decimos que haya una línea recta entre el cheque y la decisión. Decimos que la apariencia de conflicto es tan gruesa que debería haber exigido, por decencia institucional mínima, una recusación o una explicación pública detallada. No hubo ninguna de las dos.
AshBritt: $9,300 en Donaciones, $5,000 Millones en Contratos
Los ejecutivos de AshBritt Environmental aportaron $9,300 a la campaña de González Colón (Centro de Periodismo Investigativo, septiembre 2024). AshBritt tiene contratos vigentes vinculados a la reconstrucción de la red eléctrica valorados en aproximadamente $5,000 millones.
En abril de 2025, la gobernadora firmó la OE-2025-016, que extiende la declaración de emergencia energética con énfasis en generación fósil (docs.pr.gov, abril 2025). Esa emergencia no es un accidente administrativo: es el mecanismo legal que mantiene vigentes contratos como el de AshBritt sin pasar por el escrutinio ordinario de la Junta de Subastas.
Una emergencia que dura años ya no es una emergencia. Es una estrategia.
Los Que Viven de la Ley 22 Compraron su Prórroga
Los beneficiarios del Capítulo 2 del Código de Incentivos —la antigua Ley 22, que otorga exenciones contributivas a adinerados que trasladan su residencia a Puerto Rico— aportaron colectivamente $118,800 a la campaña de González Colón (Popular Democracy in Action / PR No Se Vende, 2024).
Su retorno sobre la inversión: la Ley 38-2026, aprobada en marzo de 2026 con el respaldo de La Fortaleza, que extiende el programa hasta 2055 (LexJuris, marzo 2026). Treinta años más de exenciones contributivas para una clase de nuevos residentes que, en muchos casos, compiten directamente con los puertorriqueños de siempre por vivienda, acceso a playas y el costo de vida.
$118,800 por tres décadas de trato preferencial. El retorno de inversión más obsceno que hemos visto en nuestra historia contributiva moderna.
Los Bufetes de PROMESA: El Contrato Eterno
Los bufetes que representan a Puerto Rico y a sus acreedores ante la Junta de Supervisión Fiscal no se quedan atrás. O’Melveny & Myers aportó más de $27,000 a la campaña González; King & Spalding, más de $39,000; y DCMC LLC, más de $15,000 (CPI, mayo 2024). Entre todos, superan los $66,000 en donaciones. A cambio, sus contratos rondan los $270 millones en honorarios legales vinculados al proceso PROMESA.
En junio de 2025, la gobernadora firmó la OE-2025-035, que extiende la declaración de emergencia PROMESA (docs.pr.gov, junio 2025). Esa emergencia es el cordón umbilical que mantiene esos contratos activos y fuera del alcance de cualquier renegociación agresiva.
ICF —otra firma consultora con $621 millones en contratos— aportó apenas $1,500 (CPI, mayo 2024). La proporción entre donación y contrato tiene una palabra precisa: inversión.
Lo Que Dice el Gobierno
La posición oficial de La Fortaleza es predecible: las órdenes ejecutivas responden a necesidades urgentes del país, los procesos de contratación siguen los marcos legales vigentes, y las aportaciones de campaña son legales y están debidamente registradas ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE). En efecto, la OCE nunca ha señalado irregularidad formal en ninguna de estas transacciones.
Ese es precisamente el problema. Lo que aquí se documenta no es ilegal bajo las reglas actuales. Es perfectamente legal. Y eso, en sí mismo, es la condena más severa que podemos emitir sobre el estado de la democracia puertorriqueña.
Que la corrupción sea legal no la hace menos corrupción. La hace más peligrosa.
El Cierre Que No Es Final
Puerto Rico no merece un gobierno que se administre como un portafolio de inversiones para sus donantes. Merece instituciones que sirvan al pueblo que las financia con sus impuestos —los impuestos de quienes no tienen $3,100 para sentarse a cenar con la gobernadora.
El periodismo independiente tiene la obligación de seguir publicando estos datos, de conectar los puntos que el gobierno prefiere dejar dispersos, de nombrar lo que la conveniencia política prefiere dejar sin nombre. Y la ciudadanía —los vecinos que pagan la luz más cara del hemisferio occidental, los jóvenes que no pueden comprar una casa en su propio país, los trabajadores que sostienen una economía cuyos excedentes se van en exenciones contributivas para millonarios— tiene el derecho y la responsabilidad de exigir cuentas.
No se trata de partidos. Se trata de poder. Y el poder en Puerto Rico, hoy, se compra a $3,100 el plato.
Radar Boricua | radarboricua.com
Este artículo es un reportaje de opinión editorial basado en documentos públicos. Los datos citados provienen del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Noticel, LexJuris, docs.pr.gov (Departamento de Estado de Puerto Rico), Popular Democracy in Action y PR No Se Vende. Los documentos de referencia están disponibles en las fuentes enlazadas.
