El Departamento de Justicia confirmó que investiga presuntas irregularidades en la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), que incluyen una supuesta alteración de documentos y seis transacciones que podrían ser ilegales.
La investigación está a cargo de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), dirigida por la fiscal Sonia Martínez. Según detalló, el proceso comenzó tras un referido ordenado por el presidente y gerente general de la AMA, Luis R. González Rosario.
En un comunicado, Martínez explicó que la pesquisa —aún activa— se centra en seis transacciones de recursos humanos presuntamente ilegales y/o ultra vires, término que se usa cuando una persona o agencia excede su autoridad legal. De acuerdo con las alegaciones recibidas el 9 de septiembre de 2025, esas transacciones están relacionadas con reinstalaciones y reclasificaciones de empleados de confianza a carrera, así como posibles alteraciones de documentos públicos para validar evaluaciones y periodos probatorios de manera retroactiva.
“La DIPAC se encuentra en una etapa formal de evaluación de la evidencia sometida por la AMA. Nuestro objetivo es determinar si los hechos configuran violaciones criminales por parte de funcionarios públicos”, indicó la funcionaria.
Martínez añadió que, por tratarse de una investigación en curso, no puede divulgarse ningún informe. La agencia tampoco ofrecerá fechas ni comentarios adicionales hasta que los resultados lo permitan.
Por su parte, el portavoz de la AMA, el licenciado Jorge Salcedo Gilbes, confirmó que dos empleados fueron referidos a las autoridades luego de una pesquisa interna que reveló irregularidades en transacciones de personal. Ambos recibieron suspensiones sumarias con intención de despido, aunque sus nombres no fueron divulgados. Las cartas fueron entregadas el 24 de abril, una en persona y otra por correo certificado.
Salcedo Gilbes también subrayó que los empleados fueron referidos no solo a Justicia, sino también a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH). Finalmente, desmintió rumores sobre arrestos de personal. “Los arrestos nunca ocurrieron”, puntualizó.
La investigación continuará mientras se recopila evidencia adicional para aclarar los hechos y determinar si se cometieron delitos o violaciones administrativas dentro de la corporación pública.
