Miami – Un jurado de Florida declaró culpables el viernes a cuatro hombres de conspirar para asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse, crimen ocurrido en 2021 y que desató una profunda crisis política en Haití.
Los acusados —Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages— fueron hallados culpables de planificar y financiar el complot desde el sur de Florida, con el objetivo de derrocar a Moïse y colocar en el poder a un líder de su preferencia. Además, fueron condenados por violar la Ley de Neutralidad de Estados Unidos y podrían enfrentar sentencias de cadena perpetua.
Según los fiscales, las empresas Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security (dirigidas por Ortiz e Intriago), así como Worldwide Capital Lending Group (liderada por Veintemilla), fueron clave en la conspiración. Los investigadores señalaron que el grupo apoyó inicialmente al ciudadano haitiano-estadounidense Christian Sanon como sucesor de Moïse. Solages, representante de CTU en Haití, coordinaba con Sanon y otros involucrados. Sanon será juzgado posteriormente.
Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021, cuando unos 20 mercenarios extranjeros, la mayoría colombianos, irrumpieron en su residencia cerca de Puerto Príncipe. Su esposa, Martine Moïse, resultó herida y fue trasladada a Estados Unidos para recibir atención médica. Ella fue la primera testigo en el juicio en Miami, donde relató, a través de un intérprete, los momentos del ataque: despertó con los disparos y escuchó a su esposo decirle “Querida, estamos muertos”.
Durante el proceso, los fiscales afirmaron que los acusados esperaban beneficiarse económicamente con un nuevo gobierno tras la caída de Moïse. En cambio, las defensas argumentaron que fueron engañados y que creían actuar bajo una orden legítima de un juez haitiano.
Hasta ahora, al menos otras cinco personas se han declarado culpables en el caso y cumplen cadena perpetua. En Haití, otras 20 personas, incluidos 17 soldados colombianos, enfrentan cargos. Sin embargo, la violencia de las pandillas, las amenazas y el colapso del sistema judicial han obstaculizado el avance de esa investigación.
