La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidió que las demandas del gobierno de Puerto Rico para terminar el contrato de LUMA Energy sean atendidas en el Tribunal Federal en San Juan. En una moción presentada el lunes, la JSF argumentó que el foro adecuado es el procedimiento de quiebra bajo la jueza Laura Taylor Swain y advirtió que se opondrá a cualquier intento de devolver el caso al tribunal estatal.
El organismo coincidió con LUMA, que también solicitó transferir las demandas al ámbito federal. Según la JSF, la Ley PROMESA establece que sin su consentimiento, el tribunal federal carece de autoridad para ordenar los remedios que busca el gobierno, como declarar la terminación del contrato de transmisión y distribución, considerado uno de los más importantes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La Junta sostuvo que las órdenes solicitadas interferirían con la propiedad del deudor y cuestionó la decisión del gobierno de intentar cancelar el contrato sin tener un sustituto definido. Destacó que la transición de la AEE hacia operadores privados ha sido parte esencial de su plan de reestructuración desde 2018 y es una obligación bajo la Ley 120-2018. Subrayó, además, que desconoce si la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) ha iniciado un proceso para reemplazar a LUMA.
La JSF advirtió que el regreso de las operaciones de transmisión y distribución a la AEE sería un resultado «inaceptable y contrario a la ley y las políticas». Añadió que solo el Tribunal de Título III puede coordinar la modificación o terminación del contrato sin causar «caos y catástrofe» al pueblo de Puerto Rico. Por ello, insistió en que las demandas deben resolverse ante dicho foro federal, que tiene jurisdicción exclusiva sobre los activos de la AEE.
Por su parte, el Gobierno de Puerto Rico planteó que el caso debe volver al tribunal estatal, indicando que la jueza Swain ya desestimó una demanda reciente de LUMA. Argumentó que tanto la AAPP como la gobernadora Jenniffer González buscan responsabilizar al consorcio por “innumerables fallas de desempeño”. El Ejecutivo sostuvo que las demandas giran en torno a la validez de la extensión contractual de LUMA bajo las leyes estatales y acusó al consorcio de intentar evadir la supervisión del tribunal local.
El gobierno negó que su acción busque devolver el sistema eléctrico a la AEE, aclarando que la anulación del contrato pretende permitir una transición ordenada hacia otro operador privado. Según sus planteamientos, la meta es mantener la operación privada del sistema mientras se contrata un proveedor con capacidad técnica y responsabilidad para continuar la transformación del sistema energético del país.
