Un juez federal dictaminó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Colorado violaron una orden judicial que restringía cuándo podían realizar arrestos sin una orden de un tribunal. El juez de distrito R. Brooke Jackson indicó que los agentes infringieron la disposición que emitió en noviembre anterior, la cual solo permitía arrestos sin orden si existía causa probable de que la persona se encontrara ilegalmente en el país y representara riesgo de fuga.
Jackson sostuvo que el ICE continuó haciendo detenciones sin una evaluación individualizada de causa probable, en incumplimiento de su instrucción previa. Ordenó que los agentes que efectúan arrestos sin orden judicial reciban capacitación obligatoria sobre los límites establecidos y que el gobierno entregue los registros de tales detenciones. El caso surge de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Colorado, enfocada en los llamados arrestos colaterales de personas detenidas incidentalmente durante redadas migratorias.
Según la ACLU, el ICE ha arrestado indiscriminadamente a latinos como parte de la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump, sin acatar las restricciones legales sobre quién debe ser detenido. El juez concluyó además que la agencia no brindó a sus agentes la capacitación adecuada sobre la orden del tribunal y dispuso que dicha formación se complete en un plazo de 45 días. También señaló que el ICE “falló de manera uniforme” en cumplir los requisitos de documentación para arrestos sin orden judicial.
El ICE apeló la decisión, pero no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado, celebró el fallo al considerarlo “una decisión sumamente importante para el estado de derecho y para el pueblo de Colorado”, enfatizando que el tribunal reafirma que “el ICE no está por encima de la ley”.
Casos similares se han presentado en Oregon, California y Washington, D. C., donde jueces federales ordenaron restricciones similares a las detenciones sin orden judicial, salvo que exista probabilidad de fuga. Por lo general, los agentes migratorios obtienen órdenes administrativas antes de realizar arrestos, pero las disputas legales giran en torno a la detención de otras personas sin estatus legal que no eran objetivo de las operaciones. Este tipo de arrestos colaterales estuvieron prohibidos durante el gobierno del presidente Joe Biden.
