A partir del lunes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) podrá volver a compartir algunos datos personales de beneficiarios de Medicaid con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según determinó un juez federal. La decisión representa un revés para los 22 estados que presentaron una demanda por motivos de privacidad.
El juez de distrito Vince Chhabria, en San Francisco, dictaminó que el HHS sólo podrá entregar información biográfica básica sobre inmigrantes que residen ilegalmente en el país, limitando así el alcance del intercambio de datos. La medida ocurre después de que Associated Press revelara la existencia de esta política de intercambio.
En agosto, Chhabria había bloqueado temporalmente que el HHS compartiera datos sensibles, como las direcciones de los afiliados, con agentes del ICE. Esa restricción fue extendida en diciembre, pero expiró el 5 de enero, cuando el juez permitió reanudar parcialmente el intercambio. Según su dictamen, está autorizado el traspaso de “información básica biográfica, de localización y de contacto”, lo que —según el magistrado— cumple con la ley federal y fue debidamente justificado por las agencias implicadas.
El juez aclaró que el HHS y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no podrán divulgar información médica detallada ni datos de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales mientras continúe el litigio. Chhabria sostuvo que las políticas previas eran confusas en cuanto al tipo y necesidad de la información que se buscaba compartir con el Departamento de Seguridad Nacional.
El HHS no confirmó de inmediato si había comenzado a reenviar los datos tras el vencimiento de la orden. Medicaid, un programa conjunto entre los estados y el gobierno federal, prohíbe la inscripción de inmigrantes sin estatus legal, aunque les permite recibir cobertura de emergencia para servicios médicos esenciales.
En julio, los CMS habían firmado un acuerdo que autorizaba al Departamento de Seguridad Nacional a acceder diariamente a datos de los 77 millones de afiliados a Medicaid, entre ellos números de Seguro Social y direcciones. Estos acuerdos, que no fueron anunciados públicamente, generaron fuerte oposición por la posible violación de la privacidad de los pacientes.
Defensores de los inmigrantes advirtieron que la entrega de datos personales podría disuadir a muchas familias de acudir a salas de emergencia por temor a ser identificadas o detenidas. La administración Trump ha intensificado las medidas de control migratorio, con la participación de múltiples agencias federales y despliegues de personal en varias ciudades.
El fallo judicial mantiene un equilibrio temporal entre las preocupaciones por la aplicación de la ley migratoria y la protección de información sensible de millones de usuarios del sistema de salud pública.
