Jorge Navarro impulsa enmiendas a la Ley 82 pese al rechazo de Johnny Méndez

El presidente de la Cámara descartó considerar cambios a la ley firmada por Jenniffer González hace una semana.
El líder cameral entiende que el nuevo estatuto que limita las impugnaciones en obras de construcción no requiere ajustes, y dijo que no dará paso a ninguna medida con ese fin

El representante Jorge Navarro presentó un nuevo proyecto con lo que denominó “enmiendas aclaratorias urgentes” a la Ley 82 de 2026, a pesar de la negativa del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, de abrir la puerta a modificaciones. La ley, firmada recientemente por la gobernadora Jenniffer González, limita las impugnaciones de permisos de construcción en los tribunales.

Méndez explicó que se reunió con Navarro antes de la radicación del proyecto, pero insistió en que la legislación no debía alterarse. “Él me lo planteó, y yo le dije que no era necesario hacerle ninguna enmienda, que la ley es clara”, señaló. Agregó que quienes impugnan proyectos ya tienen oportunidad de expresarse en los foros administrativos y cuestionó por qué deberían detener obras “caprichosa y arbitrariamente” en los tribunales.

El líder cameral aseguró que confiaba en que Navarro no sometería el proyecto, y advirtió que no le dará paso. “Yo le dije que, si la presentaba, yo no la iba a considerar”, enfatizó.

Pese a esto, Navarro, autor de la medida original que dio origen a la Ley 82, presentó la nueva propuesta. Defendió que busca aclarar su alcance ante la “ola de desinformación” y la interpretación rígida de la fianza mandatoria del 10% que exige la ley. “La Ley 82-2026 seguirá siendo una herramienta indispensable para dar estabilidad legal a los proyectos que generan empleos y desarrollo económico en nuestra isla”, expresó.

El representante detalló que su iniciativa enmendaría el inciso (e) del Artículo 6.007 del Código Municipal para otorgar discreción judicial al fijar el monto de una fianza. Los jueces podrían considerar los recursos económicos del peticionario, los daños alegados, el riesgo comunitario que implica la controversia y los efectos económicos de una paralización sobre los desarrolladores.

Además, la enmienda aclara que la fianza solo aplicaría a solicitudes de paralización de proyectos en suelo rústico, excluyendo obras residenciales. Navarro reconoció la resistencia de Méndez, pero insistió en que es preferible legislar aclaraciones antes de que sean los tribunales quienes interpreten la ley. “Yo prefiero aclararlo antes que lo hagan los tribunales”, puntualizó el legislador.

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