El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, ordenó suspender la investigación que realiza desde diciembre la Comisión de Transportación e Infraestructura sobre presuntas irregularidades en los centros de inspección y venta de marbetes, caso que provocó la salida de la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.
Méndez argumentó que continuar con la pesquisa legislativa, autorizada bajo la Resolución de la Cámara 352, podría afectar los procesos penales iniciados por el Departamento de Justicia y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). “Ordeno suspender y paralizar la investigación legislativa bajo la Resolución de la Cámara 352, por un término equivalente al que dispone el fiscal especial para culminar la investigación encomendada”, señaló en una carta enviada al representante José “Cheíto” Hernández, presidente de dicha comisión.
La semana pasada, el PFEI confirmó la designación de las fiscales Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández para investigar a Pérez Peña. Conforme a la Ley 2-1988, el Panel tiene 90 días para completar la pesquisa, con la opción de extenderla hasta 180 días si su complejidad lo requiere.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, también informó que la agencia mantiene una investigación contra Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), por irregularidades en los centros de inspección. Deliz Vélez fue quien originalmente investigó varias de estas instalaciones, entre ellas Yabucoa Auto Services, propiedad de Pérez Peña hasta diciembre.
Ese centro supuestamente emitió más de 1,900 marbetes fraudulentos y recibió una multa de $987,500, que habría sido reducida a $5,000 tras una transacción. Pérez Peña renunció como secretaria poco más de un mes después de que estallara la controversia.
Méndez explicó que la suspensión se basa en principios constitucionales de separación de poderes. “Cuando la Legislatura continúa una investigación paralela sobre los mismos hechos, puede invadir las funciones de otras ramas. Una investigación legislativa pública puede exponer prueba antes de tiempo, alertar a posibles imputados, destruir o alterar evidencia, contaminar testigos e influir en jurados potenciales”, indicó.
Las vistas públicas, que incluirían la comparecencia bajo apercibimiento de desacato de Deliz Vélez y del secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, quedarían por ahora en suspenso. La comisión también investigaba si el DTOP refirió a las autoridades las irregularidades detectadas y el proceso mediante el cual se redujeron multas a 68 centros de inspección, asunto que continúa bajo la lupa.
