La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley cinco medidas, informó este sábado La Fortaleza. Entre ellas se destaca la Ley 59‑2026, dirigida a garantizar que los entrenadores deportivos que trabajan con menores estén libres de sustancias controladas.
Según la disposición —correspondiente al Proyecto de la Cámara 435, de la autoría del representante José Aponte Hernández y que enmienda la Ley 6‑2011—, toda persona que solicite una licencia como entrenador de equipos de clubes deportivos adscritos al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) o a federaciones en las que participen menores de hasta 18 años deberá presentar una prueba negativa de detección de drogas. El costo de la prueba recaerá sobre el solicitante.
Además, el DRD queda facultado para realizar pruebas aleatorias a los entrenadores con licencia vigente.
La Fortaleza detalló que las demás leyes firmadas buscan actualizar estatutos, mejorar la transparencia gubernamental y reconocer aportaciones sociales.
La Ley 57‑2026, del representante Ángel Morey Noble, modifica la Ley 151‑2004 de Gobierno Electrónico para modernizar cómo las agencias informan a la ciudadanía sobre proyectos que afectan servicios esenciales, adoptando herramientas digitales y uniformes. La medida deroga la anterior Ley 98‑2002.
Por su parte, la Ley 58‑2026, impulsada por los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y Morey Noble, con coautoría de Ángel Peña Ramírez y Joe Colón Rodríguez, declara el 15 de mayo como el “Día de las Fraternidades y Sororidades en Puerto Rico”, reconociendo su contribución al servicio público, la educación y la formación de líderes.
La Ley 60‑2026, de autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, enmienda la Ley 4‑1971 sobre Sustancias Controladas para precisar el lenguaje legal y aclarar las competencias entre el Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción.
Finalmente, la Ley 61‑2026, promovida por Méndez Núñez y el representante Pedro Santiago Guzmán, ajusta la Ley 95‑1963 de Beneficios de Salud para Empleados Públicos. La enmienda amplía la definición de “empleado” para incluir al personal del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento de Educación, y devuelve a Educación la facultad de negociar planes de salud.
