PONCE – La gobernadora Jenniffer González dio por concluida este martes la investigación del Departamento de Justicia contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, en torno a un contrato de $60,000 mensuales otorgado en 2021 para el cuidado de un paciente, y confirmó que continuará en su puesto.
“El Departamento de Justicia, bajo el pasado gobierno, comenzó una investigación sobre las alegaciones. Y el Departamento de Justicia encontró que no hay ningún tipo de comisión de delito. La persona que firma el contrato no es la actual secretaria, sino otro funcionario del Departamento de Salud. Quien tiene la potestad para decidir si hay o no delito es Justicia, que ya ha dicho que no hay nada ahí”, expresó González tras participar en la colocación de la primera piedra de la reconstrucción del Museo de Arte de Ponce.
La gobernadora insistió en que todos los hechos ocurrieron durante la pasada administración y reiteró que Justicia determinó que no había causa para radicar cargos. Al ser cuestionada sobre si Roig Fuertes cuenta con su confianza, respondió brevemente: “Correcto”.
El caso, investigado por el programa Rayos X de Telemundo, señalaba que Roig Fuertes, entonces directora de la Unidad de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, estuvo vinculada a la concesión del contrato al Hogar Hacienda Don Luis. El acuerdo habría estado condicionado, supuestamente, a la subcontratación de la empresa One Source Investigations para servicios de cuido y seguridad.
El entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, y la subsecretaria Marilú Cintrón remitieron el caso a Justicia en 2022, sugiriendo posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal, por presunto uso indebido de fondos públicos o enriquecimiento ilícito. No obstante, Justicia concluyó que no existía evidencia suficiente para probar delito alguno más allá de duda razonable.
La investigación fue archivada el 30 de octubre de 2025, cuando Roig Fuertes ya era secretaria de la Familia. Justicia confirmó que la determinación se basó únicamente en el expediente entregado por Salud, sin entrevistas adicionales, entre ellas a la propia funcionaria ni a Eliut Colón, dueño del hogar que denunció el contrato.
El Partido Popular Democrático en el Senado solicitó el lunes a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, que reabra el caso y pidió la renuncia inmediata de Roig Fuertes. De no concretarse, el portavoz Luis Javier Hernández emplazó a la gobernadora a destituirla.
Justicia rechazó remitir al Senado una copia del expediente, aunque sometió el informe en el que explica el cierre de la pesquisa. Salud, por su parte, entregó su propio informe investigativo.
Roig Fuertes defendió su trayectoria apoyándose en el informe de Justicia: “Tal y como he manifestado, siempre he llevado la frente en alto. He actuado de acuerdo a mi alta escala de valores, defendiendo mi integridad por encima de todo”, sostuvo.
