Una reciente investigación interna del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ha revelado serias irregularidades en el manejo de propuestas dentro de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El documento, firmado por la exjueza Eloína Torres Cancel, incluye testimonios que apuntan a presuntas intervenciones de funcionarios para favorecer a ciertas empresas, lo que ha generado un gran revuelo en el ámbito gubernamental.
Detalles de la investigación interna
El escándalo se originó tras denuncias sobre el proceso competitivo del requerimiento de propuestas (RFP) número RFP-DDEC-OGP-2026-06, destinado a servicios de publicidad. Según un informe de NotiCel, se alega que Norberto Almodóvar Vélez, secretario auxiliar de la OGPe, intentó favorecer de manera ilícita a la empresa JJ Investment Group, afirmando que "esa era la propuesta de la Gobernadora". Además, se menciona que Almodóvar presionó a los miembros del comité evaluador, indicando que quería que se votara por esa propuesta, lo que pone en duda la transparencia del proceso.
La investigación también sugiere que tanto Almodóvar como su jefa de personal pudieron haber incurrido en múltiples violaciones éticas, incluyendo enriquecimiento ilícito y obstrucción de la justicia. Según el informe, cuando el comité evaluador determinó que otra empresa, Digimedia, tenía una mejor puntuación, Almodóvar reaccionó de forma amenazante, diciendo: "¿Qué yo te dije a ti? Que la otra era la de la Gobernadora. Tú no sigues instrucciones. Que se pierdan los fondos". Esta actitud ha sido criticada ampliamente, reflejando un ambiente de miedo y represalias.
Consecuencias y reacciones
Las repercusiones de esta investigación son significativas y han llevado a cuestionar la integridad de la gestión en la OGPe. Las empleadas del comité evaluador han expresado su preocupación por el ambiente de trabajo y las amenazas recibidas. De acuerdo con informes de la prensa, Almodóvar llegó incluso a "reconstituir" el comité evaluador para asegurar que su propuesta favorita obtuviera la aprobación, un acto que ha sido calificado de ilegal.
La secretaria de la agencia, Lourdes Gómez Torres, defendió el manejo del caso y aseguró que se actuó "conforme a derecho", en un intento de minimizar las acusaciones que se han presentado en su contra. Sin embargo, la falta de confianza en el proceso sigue siendo un tema candente entre los empleados y los observadores del gobierno.
La situación ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos en la OGPe y ha reabierto el debate sobre la transparencia en las operaciones gubernamentales. Las denuncias de irregularidades en el DDEC podrían tener implicaciones más amplias, especialmente en el contexto de la gestión de fondos públicos y la responsabilidad de los funcionarios.
La comunidad está a la espera de más información sobre cómo se manejarán estas acusaciones y si habrá consecuencias para los involucrados. La situación es un recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas en el gobierno y la necesidad de proteger a aquellos que alzan la voz contra la corrupción.
Con este tipo de investigaciones, se espera que se tomen medidas que garanticen una mayor transparencia y que se restaure la confianza en las instituciones gubernamentales.
Fuentes: es.zaqs.org, facebook.com, instagram.com
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