Los incentivos fiscales en Puerto Rico están bajo la lupa tras un reciente informe del Gobierno Accountability Office (GAO), que destaca la incertidumbre sobre su efectividad en estimular la economía local. Este análisis, realizado por la Oficina de Contraloría General, pone en tela de juicio la capacidad de estos programas para generar actividad económica suficiente que justifique su costo. Según la economista Tara Carter, "uno de los mayores problemas que tenemos es que Puerto Rico no cuenta con datos confiables y oportunos". Esto se traduce en una falta de información precisa que dificulta una evaluación adecuada de los resultados de los incentivos.
Impacto de los incentivos fiscales
Desde la implementación de la Ley 22 en 2012, que fue sustituida por el Código de Incentivos (Ley 60-2019), se han otorgado miles de decretos de incentivo. Hasta 2021, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) había aprobado 5,852 decretos para inversionistas residentes y 3,899 para servicios de exportación. Sin embargo, el informe del GAO revela que los impuestos federales pagados por los beneficiarios que se mudaron a la isla han disminuido en un 46% desde su llegada, lo que plantea interrogantes sobre quién realmente se beneficia de estas políticas.
Además, el informe indica que, entre 2019 y 2021, el ingreso bruto ajustado promedio de los contribuyentes que se beneficiaron de estos incentivos bajó de aproximadamente $875,000 a $534,000. Esto sugiere que, aunque se han atraído a más inversionistas, el rendimiento económico no ha sido el esperado.
Colaboración entre gobiernos
El GAO también destacó la importancia de la colaboración entre los funcionarios del gobierno de Puerto Rico y el Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos. “Creemos que existe una gran colaboración entre los funcionarios del gobierno de Puerto Rico y los funcionarios del gobierno federal, incluyendo el IRS”, comentó Carter. Esta sinergia podría abrir oportunidades para mejorar el cumplimiento y la fiscalización de los beneficios fiscales.
Por otro lado, Nydia Velázquez, congresista de Nueva York, subrayó la necesidad de contar con datos claros e independientes sobre la efectividad de estos incentivos. En una publicación reciente, indicó que "los beneficiarios pagaron aproximadamente un 46% menos en impuestos federales cinco años después de convertirse en residentes de Puerto Rico, lo que plantea serias dudas sobre quién se beneficia y a qué costo".
La incertidumbre en torno a los incentivos fiscales en Puerto Rico no solo afecta a los inversionistas, sino que también plantea desafíos significativos para el desarrollo económico de la isla. A medida que el debate continúa, se hace evidente que se requiere un enfoque más robusto y basado en datos para medir el impacto real de estas políticas.
Fuentes: files.gao.gov, Gobierno de Puerto Rico, procopio.com
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