La manifestación indefinida que por más de un mes mantuvo cerrados los accesos del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) culminó oficialmente este miércoles, tras la firma de acuerdos entre la administración universitaria y el Consejo General de Estudiantes.
Según el documento, suscrito el 27 de mayo, ambas partes coincidieron en “dar por terminadas las manifestaciones estudiantiles y garantizar el libre acceso a las facilidades universitarias”. El texto subraya que el diálogo fue “sosegado y responsable”, y que se consideraron los planteamientos de la comunidad estudiantil.
La administración acordó no tomar represalias contra los manifestantes y se establecerá un “diálogo institucional” que permita atender los reclamos universitarios sin afectar la estabilidad académica. Entre los asuntos reconocidos como legítimos figuran las preocupaciones por el presupuesto, la autonomía universitaria, la estabilidad institucional y el fortalecimiento de los servicios estudiantiles.
El documento fue firmado por el rector interino del RUM, Miguel Muñoz Muñoz; el vicepresidente del Consejo General de Estudiantes, William Santiago; y el representante estudiantil Alberto Maldonado. También incluye una solicitud de reunión con la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde.
Además, se autorizó la modalidad de cursos asistidos por tecnología durante el resto del semestre, y se aclaró que las conferencias o laboratorios que no puedan ofrecerse virtualmente deberán completarse de forma presencial.
La protesta comenzó el 13 de abril, en reclamo de mayores fondos para la UPR y la renuncia de Jordán Conde y Muñoz Muñoz. El 11 de mayo, el juez Tomás Báez Collado, del Tribunal de Mayagüez, ordenó reabrir los accesos al campus, que permanecían bloqueados por los manifestantes. Aunque la administración inició labores para cumplir la orden, la Colectiva Estudiantil del RUM había manifestado su intención de continuar la lucha.
Mayagüez era la única unidad universitaria donde aún persistían las manifestaciones, luego de que los 11 recintos de la UPR se unieran a paralizaciones a inicios de abril.
El acuerdo se conoció el mismo día en que la representación legal de la presidenta del Consejo General de Estudiantes, Tainary Delgado Pérez, solicitó al tribunal reconsiderar la orden que obligaba al consejo a reabrir los portones. La moción argumenta que el ente estudiantil no tenía control sobre los accesos y que el interdicto imponía responsabilidades a una persona sin el poder de cumplir. También recordó que, en 2017, la UPR no acató un mandato similar del Tribunal de Apelaciones.
El escrito presentado el 26 de mayo sostiene que la responsabilidad de cumplir con la ley recae sobre la universidad y la Rama Ejecutiva, no sobre una representante estudiantil. “Los tribunales no están para ver qué sucede, ni como mecanismo de presión a un grupo”, citó la moción, aseverando que esa advertencia del juez debió prevalecer en la decisión final.
