El exboxeador convicto Félix Verdejo solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que desestime su caso, argumentando que el foro federal carecía de jurisdicción y que debió ser procesado en un tribunal estatal de Puerto Rico. El pedido fue revelado por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, que ha fallado en varias ocasiones en su contra durante este año.
Según el expediente, en junio pasado Verdejo presentó la petición por su cuenta alegando que su derecho constitucional al debido proceso fue violado, ya que el juicio se llevó a cabo en el Tribunal Federal en San Juan. El procurador general de EE. UU., John Sauer, notificó al Supremo estadounidense que el Departamento de Justicia renunció a su derecho de responder a la petición, a menos que el tribunal así lo solicite.
Verdejo fue declarado culpable el 28 de julio de 2023 por cargos relacionados al asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz y del bebé que esperaba. Cumple dos cadenas perpetuas consecutivas en la Penitenciaría del Complejo Correccional Pollock, en Grant, Louisiana.
En su escrito ante el Supremo, Verdejo asegura que al “descubrir” la supuesta falta de jurisdicción pidió a su abogado elevar el reclamo en Boston, pero este se negó, lo que él considera una violación a su derecho a una defensa efectiva. Ante esa negativa, el convicto presentó sus mociones personalmente, pero el Apelativo las rechazó, sosteniendo que debían presentarse a través de su abogado.
Verdejo ha insistido en que el gobierno federal no tenía autoridad para procesarlo y que, según el precedente del caso Sánchez Valle, el poder de procesar penalmente en Puerto Rico emana del Congreso al igual que el del foro federal. El entonces secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, tomó precisamente ese precedente en cuenta al decidir no radicar cargos estatales en su contra, dejando el caso al foro federal.
No obstante, Verdejo sostiene que Sánchez Valle se refería a asuntos de doble exposición y no a la jurisdicción, y alega que Puerto Rico debería ser considerado un Estado soberano, por lo que sólo debió aplicarse la ley local. Afirma que la Fiscalía federal no demostró vínculo alguno con el comercio interestatal ni con jurisidicciones estadounidenses especiales, por lo que el caso no encajaba en la esfera federal.
El exboxeador también acusó a la Fiscalía de actuar de “mala fe”, de procesarlo sin tener autoridad y de que sus abogados rehusaron desafiar esa alegada carencia de jurisdicción. Incluso, cuestionó si el gobierno federal puede convertir delitos locales como un “carjacking” o un secuestro en crímenes federales sin probar afectación al comercio interestatal.
“Respetuosamente, el peticionario solicita a este tribunal que investigue la situación que está subvirtiendo el orden constitucional”, escribió. Añadió que solo el Tribunal Supremo puede corregir “lo que ningún otro tribunal ha podido hacer”.
La Fiscalía federal, por su parte, rechazó los planteamientos. En una moción presentada por el fiscal Ricardo Imbert en el Primer Circuito, sostuvo que los “argumentos de Verdejo carecen de fundamento” y reafirmó que los tribunales federales tienen jurisdicción siempre que la acusación alegue delitos bajo las leyes penales de Estados Unidos, como ocurre en este caso.
