WASHINGTON – Expertos en derecho internacional advierten que el ejército estadounidense habría cometido un delito si confirmara que mató a sobrevivientes de un presunto barco de narcotraficantes tras un primer ataque frente a las costas de Venezuela. Según el exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito Michael Schmitt, “eso es claramente ilegal”, independientemente de que el país se considere o no en “conflicto armado” con los cárteles de la droga, como sostiene la administración Trump.
El Washington Post reportó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría instruido verbalmente “matar a todos” en un ataque del 2 de septiembre, donde murieron nueve personas y dos lograron sobrevivir. De acuerdo con la investigación, el almirante Frank Bradley ordenó un segundo bombardeo, en el que murieron los dos sobrevivientes. Hegseth desmintió la versión y aseguró que las acciones cumplieron con el derecho de los conflictos armados. El presidente Donald Trump afirmó que el asunto será investigado y aseguró que no habría aprobado un segundo ataque.
La Casa Blanca confirmó la ofensiva, insistiendo en que fue “en defensa propia”. Su portavoz, Karoline Leavitt, defendió la legalidad de las órdenes de Bradley. Sin embargo, juristas como Schmitt y Brian Finucane, del International Crisis Group, sostienen que incluso en tiempos de guerra el derecho internacional prohíbe matar a náufragos o personas fuera de combate. Finucane recordó que “el asesinato en alta mar es un delito” bajo el Código Uniforme de Justicia Militar.
El profesor Matthew Waxman, de la Universidad de Columbia, advirtió que más allá de sanciones internas, Estados Unidos podría enfrentar la reacción de sus aliados, especialmente aquellos que no comparten información sobre operaciones ilegales. De acuerdo con Schmitt, si el país no está efectivamente en un conflicto armado, las muertes habrían violado la legislación internacional sobre derechos humanos.
El tema generó reacciones en el Congreso. Los comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes iniciaron investigaciones. Los senadores Roger Wicker y Jack Reed anunciaron una “enérgica supervisión” del caso. Legisladores demócratas, como Mark Kelly, ex piloto de la Marina, exhortaron a los militares a rechazar “órdenes ilegales”. Kelly afirmó estar “muy preocupado” si los reportes fueran ciertos. El senador republicano Thom Tillis añadió que, de confirmarse una orden de “matar a todos”, se trataría de una violación “ética, moral o legal”.
El Departamento de Defensa sostiene que las operaciones buscan frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y equipara su campaña contra los cárteles con la guerra contra Al Qaeda. Para los expertos legales, sin embargo, esa comparación carece de base jurídica y podría tener consecuencias graves para el personal militar involucrado.
